Columna de Natacha Pino: Trato igualitario



Las condiciones de vida de los habitantes de las zonas extremas son distintas a las del resto del país, todo en el día a día es mucho más complejo, en términos de acceso, conectividad, con evidentes desigualdades territoriales y desde luego con mayores costos. El Estado a través del Decreto de Ley Nº249, de 1974, definió el pago de una asignación de zona para los funcionarios públicos, que es financiada en el Presupuesto de la nación para la mayoría de los servicios. Sin embargo, estos recursos no están considerados para quienes se desempeñan en las universidades estatales, siendo estas instituciones las que deben costear este incentivo económico de sus propios recursos. Nos referimos a la U. de Tarapacá, U. Arturo Prat, U. de Aysén y U. de Magallanes.

Históricamente, las universidades estatales ubicadas en zonas extremas han tenido una merma en su financiamiento, debido a que los aportes basales y tampoco los institucionales han considerado los mayores costos de llevar adelante un proyecto formativo y de investigación en zonas extremas y aisladas.

Si unimos estos dos elementos podemos entender que para las universidades estatales es muy difícil seguir financiando por completo el pago de la asignación de zona para sus trabajadores, quienes en rigor son funcionarios públicos al igual que sus colegas de las otras reparticiones. Como rectores de estas cuatro instituciones hemos acudido a la Comisión de Zonas Extremas del Senado para abogar por el respaldo de los parlamentarios para pedirle al gobierno que considere dar respuesta a una justa demanda: comenzar paulatinamente a financiar el pago de asignación de zona de los funcionarios de las universidades del Estado, dicho en otras palabras que el Estado otorgue un trato igualitario a todos sus trabajadores en condiciones extremas y aisladas.

Paralelamente a ello, hemos acompañado a nuestros funcionarios en la demanda que apunta a que el Bono de Zonas Extremas, que se paga trimestralmente a los trabajadores del sector público, pueda ser financiado per cápita y no a través de un fondo común para cada universidad. Es importante destacar que la U. de Aysén no cuenta con este bono, lo que es un trato desigual, respecto de las otras universidades en zonas extremas.

La explicación de este punto es que en la Ley 20.374 de 2009 se estableció la entrega de un bono especial no imponible a los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos, de las universidades de Tarapacá, Arturo Prat, Magallanes y Antofagasta que se desempeñen en calidad de planta o contrata, siempre que laboren en la I, XV, II o XII Regiones. Esto en equivalencia a lo que recibían sus pares del sector público.

Esta bonificación se financia a través de una glosa en la Ley de Presupuestos de cada año, que transfiere a dichas universidades un monto total a repartir entre sus funcionarios, el que fue calculado sobre la base de la dotación del año 2008.

Han pasado 14 años y el número de trabajadores ha ido aumentando, pero la cantidad a repartir sigue siendo la misma (solo se ha reajustado de acuerdo a los índices del sector público). Así, por ejemplo, en 2014 la Universidad de Tarapacá tenía 646 funcionarios y hoy son 1.199; y la Universidad de Magallanes tenía una dotación de 458 personas y actualmente es de 670. Esto ha generado que el monto se divida entre más personas y que estos trabajadores de las universidades reciban una bonificación inferior que el resto del sector público.

Cabe señalar que el incremento de trabajadores ha ido en relación directa con las necesidades institucionales y con el cumplimiento de la normativa. De acuerdo con la Ley 21.094 las universidades estatales estamos obligadas a reducir el número de personas a honorarios, pasando a la modalidad de contrata. Si bien se ha postergado la entrada en vigencia del artículo 48, que establece que por labores habituales o permanentes no se pueden tener trabajadores a honorarios, las instituciones en algún momento tendrán que cumplir dicha disposición, con el consiguiente incremento de su dotación.

Las universidades y sus comunidades jugamos un rol social importante en regiones, estamos comprometidos con el territorio, y más aún en aquellas regiones extremas y aisladas donde tenemos además roles de tipo geoestratégico, haciendo soberanía, y por ello es necesario el respaldo del Estado. Aportamos en mejorar las condiciones de vida y desarrollo de los habitantes de estas zonas, lo que se logra a través de mejores niveles de educación. Aquellos territorios que tienen los más altos niveles de desarrollo, muestran una correlación entre más investigación y capital humano avanzado, y eso se consigue a través de las universidades. En la medida que estas instituciones tengan los recursos necesarios para poder llevar adelante estos procesos, se fortalece el crecimiento de estos territorios.

Por Natacha Pino, rectora U. de Aysén, en conjunto con José Maripani, rector U. de Magallanes; Alberto Martínez, rector U. de Tarapacá; Emilio Rodríguez, rector U. Arturo Prat

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