Columna de Paola Bolados: La crisis del agua exige un nuevo modelo de gobernanza colaborativa

Los últimos incendios en el sur nos muestran un lado dramático de la crisis climática, ecológica y ambiental que atravesamos a nivel global. Una crisis del agua, entre las más graves que ha enfrentado Chile. Desde 2015 tenemos reporte de que seríamos para 2040 el primer país con mayor estrés hídrico (WRI, 2015), así como uno de los que más ha gastado en concepto de desastres asociados al agua (ONU, 2017). Hoy nos encontramos con la cruda realidad de casi un 50% de la población en Chile vive con escasez hídrica (Fundación Chile, 2021) y somos uno de los países con mayor gasto a nivel regional y municipal en proveer agua por camiones aljibe a comunidades, alcanzando los casi 222 mil millones. Situación que no se explica solo por la sequía o cambio climático por sí mismo, sino por un modelo de gestión y gobernanza del agua que debemos cambiar.

La falta de agua afecta especialmente a las zonas rurales donde se ubican paradójicamente casi la mayoría de las fuentes, las que son capturadas para proveer a las zonas urbanas. Un 10% de la población rural se abastece a través de comités o cooperativas que deben gestionar la distribución de manera voluntaria, así como ahora también deben hacerse cargo de su tratamiento. Por décadas desarrollaron un modelo de gestión comunitaria, actividad que por el agotamiento de sus pozos y fuentes está también en crisis. Frente a esto el Estado debe pagar para comprar a privados.

Todos los informes existentes dan cuenta de la sobreexplotación de los acuíferos generada por actividades intensivas. En su mayoría a actividades forestales y agrícolas que concentran el 80% del uso del agua fresca en el país. Las mismas que afectan las economías locales tradicionales y que en los últimos años han significado un gasto importante del Estado para alimentar el ganado de crianceros y pequeños ganaderos que durante el año 2019 y 2020 debieron trasladarse más al sur para salvarlos.

Hay deficiencias en la gestión del agua debido a su estatus jurídico o bien por la escasa inversión pública en infraestructura hidráulica. De carácter privatista define como usuarios sólo a quienes tienen derechos de aguas inscritos. Este modelo prioriza el uso económico y productivo del agua, sin garantizar el derecho humano al agua (declarado por la ONU el año 2010). Tampoco asegura la recuperación y restauración de los ecosistemas afectados por la crisis.

Necesitamos un cambio, un modelo que reconozca y priorice no solo su uso económico y productivo, sino también otros como los comunitarios y los ecosistémicos. Que sea colaborativo, integral y con enfoque territorial. Que incorpore diversas dimensiones, escalas y actores. Que no sólo tome en cuenta las realidades hidrológicas de las cuencas, sino sus diversidades culturales, sociales, de género, económicas, etc.  En particular que reconozca otras valoraciones del agua y que permita asegurar el acceso como derecho humano fundamental. Tenemos una oportunidad para repensar el modelo de aguas a través de la nueva Ley de Cambio Climático que recién se implementó desde el 2022 y cuyo principio busca equidad territorial y soberanía hídrica, la cual espera implementarse de manera descentralizada respetando las diversidades regionales. ¿Podremos?

Por Paola Bolados, directora Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile