Las últimas semanas la opinión pública ha comenzado a experimentar un punto de inflexión negativo respecto del debate de seguridad. El alcalde frenteamplista de Maipú solicitó la presencia de militares dentro de la política para combatir la delincuencia que emprende el gobierno. Por otro lado, se desencadenó la renuncia del director de la PDI por una arista judicial de corrupción. A esto se suma el llamado del ministro de Justicia para que el general Yáñez evalue su continuidad al mando de Carabineros, debido a un posible proceso de formalización. Instituciones estratégicas para la política de seguridad se ven alteradas.
Por otra parte, la escalada de conmoción pública producto del tipo de violencia aumenta. Cementerios clandestinos, secuestros por encargo, narco buscando suplantar al Estado como proveedor de seguridad en tomas u poblaciones, etc. Esa aseveración, que antes era común en la opinión pública, de que Chile no es un país corrupto, o que Chile es un país seguro, comienza a quedar, tristemente, en el pasado.
Debemos mirar nuestra nueva realidad con pragmatismo y sin resignación. Recuerdo que unos parlamentarios mexicanos me señalaban que a fines de los años 70 era común para ellos evaluar a México como un país seguro y ver el narcotráfico y la delincuencia como algo reducido o controlado. Pero me contaban que de un año a otro emergió el narco como una ciudad subterránea imposible de controlar, deteriorando las instituciones políticas a lo que vemos hoy en el país del norte.
Si vamos a abordar este punto de inflexión, debemos hacerlo con absoluta seriedad. Debemos tener una ley sobre el uso de la fuerza acorde, una ley de infraestructura crítica eficiente, y por sobre todo, debemos tener instituciones policiales respaldadas, bien dirigidas y estables. Debemos hacer valer el principio de transparencia y probidad, pero también debemos ser serios en no exponerlas por la prensa a presiones políticas. Lo que hizo el ministro de Justicia sobrepasa las formas, tanto para el trato a Carabineros como para el respeto de una atribución exclusiva del Presidente de la República.
A esta altura todos debemos ser responsables, el Frente Amplio lo hace al dar una señal de apertura militar, y lo mismo debiese hacer la oposición abriendo acuerdos. Esta semana es un punto de inflexión negativo, que si no somos capaces de abordarlo desde el mundo político, veremos pronto emerger una ciudad subterránea. Si no tenemos pronto un acuerdo nacional en seguridad, será difícil para las fuerzas democráticas de izquierda o derecha volver a reconectar con la ciudadanía. Debemos restablecer el derecho a caminar en paz, ya sea en dirección al trabajo o para buscar esparcimiento.
Cualquier acuerdo de envergadura en seguridad va a contemplar la participación de militares y policías, y por lo mismo, debemos ser capaces de estar a la altura de no verlo como una oportunidad para sacar ventajas políticas, y menos como un instrumento en un año electoral.
Por Patricio Morales, cientista político y ex presidente del Partido Liberal
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