Columna de Paula Budnik y Rodrigo Mayorga: Servicio Electoral y educación ciudadana: una función necesaria

Durante las últimas semanas, la Secretaría de Participación Ciudadana ha realizado un arduo trabajo para permitir que la ciudadanía sea escuchada en el contexto del actual proceso constituyente. Esta entidad “ad hoc” fue establecida por ley para este proceso extraordinario, buscando proveerlo de mayor legitimidad. Ello debiera llevar a preguntarnos, ¿quién vela por fomentar la participación y educación ciudadana en periodos de elecciones generales?

Actualmente no hay en nuestro país una entidad pública que tenga dentro de sus funciones dicha tarea. Esta ha sido asumida por los gobiernos de turno, provocando reiteradas acusaciones de intervencionismo político, independiente del sector político del que provengan. Por eso es que el Servicio Electoral, órgano autónomo y ya incluido en el Anteproyecto presentado por la Comisión de Expertos, se sitúa como el garante ideal para dar mayor legitimidad e imparcialidad a las campañas de información y de educación ciudadana en periodos electorales.

¿Por qué es necesario darle esta función al Servicio Electoral en el proyecto de nueva Constitución? Chile presenta históricamente bajos niveles de participación electoral, con independencia de si el voto es o no obligatorio. En las últimas décadas, el porcentaje de participación electoral de las personas en condiciones de inscribirse en los registros electorales ha sido en promedio bajo el 50%, llegando a 36% como punto más bajo en las elecciones municipales de 2016. El aumento en participación que se observa desde 2020 se sitúa en un contexto extraordinario de proceso constituyente, por lo que en el futuro podría no mantenerse si no se toman medidas para seguir fomentando la participación. La importancia de la promoción de la educación y participación electoral se ilustra en las últimas elecciones de mayo de este año, donde ya reinstituido el voto obligatorio, hubo una participación por sobre el 80% del padrón electoral, pero aproximadamente un 20% de los votos fueron nulos y blancos, evidenciando una desafección que es necesario abordar.

La experiencia internacional muestra que la idea de dar la función de promover la participación y educación ciudadana y electoral a los Servicios Electorales autónomos es efectiva y variados países la incluyen en sus legislaciones, como Australia, Canadá, Costa Rica y Corea del Sur. Todos ellos poseen niveles de participación electoral efectiva por sobre el 60% de sus respectivos padrones electorales, independiente de si cuentan con voto obligatorio (Australia), obligatorio sin sanción (Costa Rica) o voluntario (Canadá y Corea del Sur). Parte de su éxito radica en que estos servicios electorales ejecutan su función educativa mediante alta focalización y articulan sus actividades con apoyo de actores del sistema educativo.

Volviendo a nuestro Servicio Electoral, este objetivo no le sería ajeno, pues su Ley Orgánica Constitucional ya dispone el fomento la educación cívica electoral entre las  funciones de su Consejo Directivo. El problema es que esta dimensión educativa no resulta suficiente por sí sola para promover el involucramiento ciudadano. Si consideramos que por educación cívica nos referimos a los conocimientos sobre cómo funciona nuestro sistema político, hace falta acompañarla de instancias de educación ciudadana que entreguen las herramientas para hacer uso de los mecanismos de participación existentes e incentiven el interés de los ciudadanos en participar de la toma de decisiones colectivas.

Hoy, el Consejo Constitucional tiene la oportunidad de darle rango constitucional a esta importantísima tarea y, el Servicio Electoral, de asumirla. Al promover la participación electoral y educación ciudadana desde un órgano autónomo del Estado, daremos mayor legitimidad al ejercicio de nuestros deberes y derechos ciudadanos y contribuiremos a robustecer nuestra democracia, un objetivo que, más allá de las legítimas diferencias propias de todo proceso constituyente, resulta de interés transversal para nuestra sociedad.

Por Paula Budnik, coordinadora de incidencia, y Rodrigo Mayorga, director ejecutivo, de Momento Constituyente