En Chile, las personas consumen cada vez más noticias a través de RR.SS.: se informan en Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y X (ex Twitter). Atrás quedaron esos años en que las noticias de TV eran las reinas de la agenda, o la radio y la prensa escrita eran los espacios donde podíamos saber de Chile y el mundo. Los medios tradicionales tienen una autoría clara, periodistas que se hacen responsables de sus fuentes y datos, editores y directores. Independiente de su línea editorial, hay cierta responsabilidad en lo que publican, y se puede reclamar en un domicilio conocido. Eso no ocurre en las redes sociales. Son un terreno fértil para el anonimato, para fabricar deliberadamente noticias falsas, idear plataformas como si fueran medios serios que difunden contenido engañoso, material gráfico manipulado, suplantaciones, etc.
El Ministerio del Interior, en 2023, realizó una consulta ciudadana online donde participaron 1.626 personas a quienes se les preguntó si sufrían violencia digital. Un 36% declaró que sí. Se les preguntó qué grupos de personas son las víctimas más comunes y en un 90% señalaron a los niños, niñas y adolescentes; un 64% dijo que eran las mujeres y personas LGTBTIQA+. Otros grupos percibidos como víctimas de este tipo de violencia son los migrantes que alcanzan un 30% de menciones y personas con discapacidad, sobre un 10%. Reciben calumnias e injurias que golpean su reputación. Son amenazados y acosados. Cuando se les preguntó quién ejerce esa violencia, respondieron -mayoritariamente- que eran desconocidos a través de cuentas falsas.
En el Parlamento chileno se encuentra un proyecto de ley que “Proscribe, Tipifica y Sanciona la Violencia Digital en sus Diversas Formas y otorga Protección a las Víctimas” presentado por las diputadas Orsini, Santibáñez, Yeomans y la exdiputada Fernández, junto a los diputados Alessandri, Calisto y los exdiputados Díaz y Fuenzalida. La ley determina que la violencia digital se manifiesta mediante acoso, acecho, monitoreo u hostigamiento de personas; difusión no consentida de contenido íntimo y explotación sexual facilitada por la tecnología; comunicación ilícita de datos personales; suplantación de identidad; coacción y las amenazas; lenguajes de odio y discriminación; desprestigio y difusión de información falsa y, en general, actos que socavan el libre desenvolvimiento de la personalidad en el espacio digital.
Vivimos inmersos en ambientes digitales y nuestra existencia es un continuo entre la vida “real” y la forma como habitamos el mundo “digital”. Contra las mujeres, las niñas y otros grupos de personas, se ejerce violencia digital de manera sistemática, con efectos muy severos. Se utiliza la violencia digital para vengarse, para castigar públicamente, manipular y desacreditar. Cuando estamos entrando en temporada de elecciones políticas, la violencia que se ejercerá contra las candidatas, independiente de su color político, estará destinada a alejarlas del espacio público, hacerlas desistir. Y una vez más será imposible atajar esos ataques porque aún esperamos que la ley vea la luz y proteja de esta nueva violencia que se ejerce contra las personas.
Por Paula Walker, profesora Magíster de Políticas Públicas, Universidad de Chile
