Columna de Sara Larraín: Protección de los glaciares



Por Sara Larraín, directora de Chile Sustentable

La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara aprobó la semana pasada un proyecto de ley que “reconoce expresamente que los glaciares son ecosistemas complejos asociados a su entorno, ambientes glaciares y ambientes peri glaciares y son parte del ciclo hidrológico de las aguas”, y que prohíbe el desarrollo de actividades que puedan afectarlos.

En específico, el Boletín N°11.597-11 establece que no podrán realizarse en glaciares, zonas de glaciares y entorno glaciar, actividades que generen impacto significativo o daño ambiental. Prohíbe intervenciones sobre la superficie, o bajo los glaciares, que puedan alterar su condición natural, acelerar su derretimiento o desplazamiento; o provocar su remoción, el depósito de material articulado, productos químicos o desechos de cualquier naturaleza o volumen. Consecuente con ello, la ley solo permite actividades de ecoturismo; montañismo de baja intensidad; investigación científica autorizada; actividades de rescate, instrucción y entrenamiento de personal autorizado en los glaciares y su entorno.

Para incentivar el cumplimiento de la norma, la ley establece sanciones, con multas de hasta “diez mil unidades tributarias anuales”, rango similar al establecido actualmente por la Superintendencia de Medio Ambiente por afectación de glaciares.

Los glaciares son fundamentales para paliar la sequía y la crisis hídrica y climática. En Chile, el 70% de la población se abastece del agua proveniente de la cordillera, la cual, concluido el periodo de lluvias y derretimiento de nieves, proviene del aporte de los glaciares al caudal de los ríos. Aunque nuestro país concentra el 82% de la superficie de glaciares de América del Sur, estos se localizan principalmente en la zona sur y austral. Actualmente, además del mayor derretimiento producto del incremento de temperatura que conlleva el calentamiento global, los glaciares que se encuentran entre Atacama y O´Higgins están siendo gravemente afectados por la minería de altura en las cabeceras de cuenca.

La crisis hídrica en Chile por sobrexplotación de las cuencas, reducción de recarga de acuíferos y menos precipitaciones, es hoy la mayor causa de vulnerabilidad para la población, el medio ambiente y la economía. Pero la política pública no ha estado a la altura de la inseguridad hídrica. La reforma al Código de Aguas promulgada en marzo pasado, demoró 11 años en su tramitación. Los seis proyectos de ley de protección de glaciares propuestos por los parlamentarios desde 2006, han sido sistemáticamente bloqueados por el empresariado minero privado y estatal.

Pero en el proceso constituyente sí reconoció la importancia estratégica de los glaciares y su protección; y el texto de la nueva Constitución prohíbe expresamente la actividad minera en los ambientes glaciares y peri glaciares, dándoles el más alto nivel de protección, idéntico al de las áreas protegidas.

Hoy es clave que la agenda legislativa pueda alinearse con la nueva Constitución para avanzar hacia niveles básicos de seguridad hídrica. En este contexto, el gobierno del Presidente Boric tiene la oportunidad de apoyar las iniciativas parlamentarias para la protección de los glaciares. Sin ello no le será posible cumplir su programa de gobierno respecto al acceso humano al agua, la reactivación económica y tampoco enfrentar la crisis hídrica, climática y ecológica que demanda la ciudadanía a lo largo del país.

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