Hasta que llegamos a puerto. Tras un tedioso recorrido de casi 100 días, las fuerzas políticas alcanzaron por fin el consenso necesario para habilitar un nuevo proceso constituyente. Qué lejos seguimos de aquella ilusión que abrió el plebiscito de salida, donde se calmarían los ánimos y lograríamos una fluida rearticulación política capaz de reconducir la cuestión constitucional. Hoy, después del referéndum, nos encontramos con una derecha que se ubica cada vez más a la derecha, un centro más despoblado, y una izquierda bastante izquierdizada (Mascareño, 2022). Además, los 21 partidos políticos, junto con crecer como hongos después de una lluvia, se encuentran cada día más débiles por sus ventiladas pugnas. Así también, la polarización, cada día mayor, contribuye a la crisis de representatividad y confianza que vivimos. Escenario a lo menos curioso si consideramos que la mayoría de las personas se autoidentifica cada vez más con el centro, y expresa un anhelo por que la clase política sea capaz de construir acuerdos que permitan resolver las múltiples demandas ciudadanas (CEP, 2022).

Entender esta disociación entre la dinámica del sistema político -con pequeños partidos indisciplinados con poder de chantaje- y lo que las personas demandan -consensos moderados- requiere atender la fragmentación política que se profundizó con el fin del sistema binominal y el incremento en la cantidad de escaños por distritos, a un punto en que se requiere realmente pocos votos para ser electo diputado. En efecto, tras el fin del binominal, pasamos de 9 a 16 partidos en elecciones legislativas (2017), y en la última llegamos a 21. Esta situación hace ingobernable nuestro país.

Paradójicamente, urge que las fuerzas políticas se pongan a disposición en el proceso constituyente por fin acordado, con miras a sentar las bases de un nuevo sistema electoral, reemplazando los mezquinos beneficios por el bien común. Por los evidentes conflictos de interés de los incumbentes, está bien que dicho desafío no recaiga en el Congreso. Tiene que trasladarse a manos del órgano constituyente y así ser capaz de limitar el exceso de colectividades con normas antifragmentación y generando incentivos contra el “discolaje” que produce el “pirquineo” de votos. Para revertir el deterioro de la democracia liberal y representativa, la primera valla que se debe sortear es disponer de un órgano que esté convencido de que se deben fortalecer los partidos y no glorificar a los “expertos”, esos nuevos independientes del segundo tiempo constitucional. Busquemos mejores partidos y de mayor capacidad representativa. Salgamos de esa tónica de bloqueo. Si los partidos no colaboran en esta contienda, solo contribuirán a profundizar su desprestigio, aumentar el repudio a la política y allanarán el camino a un líder populista capaz de poner en riesgo nuestra democracia. Este es el gran desafío, superar las diferencias por medio de un diálogo cívico que todo gobierno democráticamente electo debe propiciar, y que sea capaz de destrabar las infructuosas negociaciones que nos inmovilizan.

Por Sebastián Izquierdo, coordinador académico CEP