Columna de Susana Sierra: El precio de una gobernanza fallida

FNE


Cuando fallan los gobiernos corporativos, las faltas a la probidad no tardan en aparecer, como lo demuestran los más recientes casos que han copado los titulares.

Uno de estos es el de la Universidad San Sebastián y el sueldo fuera de mercado pagado a una profesora, donde el debate político ha eclipsado el tema principal, que es la responsabilidad del directorio y de la institución al aprobar una remuneración tan desproporcionada y difícil de justificar. Lo mismo ocurre en la acusación de colusión presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra los presidentes de los directorios de Marina del Sol, Enjoy y Dreams, además de dos gerentes de este último, a quienes se les imputa el concertarse para evitar competir entre ellos.

Ambas situaciones evidencian una gobernanza débil en la cual, al parecer, no existían procesos adecuados para la toma de decisiones relevantes, dejando estas en manos de unas pocas personas, lo que puede dar pie a escándalos de esta magnitud. En este escenario es fácil que la organizaciones desvíen su atención del propósito principal y se pierdan en los intereses de unos pocos, llevándolas a perder confianza y credibilidad.

Por el contrario, en un gobierno corporativo sólido, el directorio habría asumido efectivamente su deber de supervisión y dirección, y existirían procesos adecuados que hubieran llevado a que estos puntos se levantaran mucho antes, sin la necesidad de denuncias de terceros. De esta manera, habrían actuado en base al éxito estratégico de la organización, considerando su impacto en el entorno y velando porque los beneficios sean colectivos y no individuales.

Es importante recordar que, en cualquier sociedad, los directores se deben a la organización y son responsables de administrarla de buena fe, evitando conflictos de interés y actuando con la diligencia debida, siempre cumpliendo con el principio de lealtad. Por ejemplo, si un gerente o un director decide pagar sueldos excesivamente altos a una determinada persona porque es “su amigo”, o vende terrenos bajo el costo a su hermano, el directorio, entre otras opciones, tiene la posibilidad de impugnar esta gestión por el delito de administración desleal.

También es relevante destacar que un buen gobierno corporativo debe incorporar a todos sus stakeholders, garantizando que la ética y la transparencia guíen sus acciones y decisiones. En el caso de la Universidad San Sebastián entre los grupos de interés que se pudieron ver afectados están los profesores, alumnos y la comunidad en general, ya sea por la desigualdad salarial entre pares o por el perjuicio reputacional de estudiantes y egresados. Respecto a la colusión en la que habrían incurrido los casinos, se vieron afectados sus competidores, los municipios donde se emplazan estas casas de juego y las arcas fiscales, por nombrar algunos.

Las faltas de transparencia, la ausencia de una supervisión adecuada y la priorización de intereses personales sobre el bienestar colectivo no solo ha redundado en graves daños reputacionales a las instituciones involucradas, sino que también ha afectado a toda a una sociedad que ha visto cómo se degrada la fe pública. En este sentido, la rendición de cuentas es un elemento clave para la efectividad de toda buena gobernanza, ya sea de instituciones públicas o privadas, ya que permitirá transparentar cómo se gestionan los recursos y cómo se toman las decisiones.

Por eso el gobierno corporativo no es un tema trivial que se elige o no tener. Este abarca mucho más que el directorio y es el cimiento sobre el cual toda empresa o institución puede prosperar en un entorno de integridad y buenas prácticas; y es el que garantiza que los valores profesados se traduzcan en acciones concretas. Justamente este debe ser capaz de prever situaciones que puedan generar dudas y desconfianza.

Los directores deben formularse las preguntas adecuadas para cumplir con su rol supervisor, las que no solo tiene que consideren el éxito institucional, sino también su impacto en la sociedad. Es de esperar que casos como estos sirvan para recordar que los privados nos debemos a todos nuestros grupos de interés y que nuestras acciones repercuten directamente en la confianza ciudadana, tan necesaria en estos días.