Por Gonzalo Simon, presidente de la Asociación de Isapres de Chile
Tras la aprobación de la norma que crea un Sistema Nacional Salud en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, es clave tener ciertas consideraciones, de modo que lo que se estipule permita avanzar y no retroceder.
Las Isapres financian las atenciones de salud exclusivamente con los aportes de las personas afiliadas (3,3 millones), sin recibir ningún recurso del Estado, empleando casi íntegramente esos montos en prestaciones de salud. Por otro lado, Fonasa y las Isapres destinan un monto similar por beneficiario al año para prestaciones de salud (excluyendo licencias médicas). Sin embargo, tanto los niveles de satisfacción de los usuarios, como la oportunidad y calidad de la atención que estos reciben, difieren notoriamente en favor del sistema privado.
Entonces, pretender traspasar a toda la población a un sistema que no tiene la capacidad, es equivalente a saltar al vacío. No solo se estará precarizando el acceso y los servicios para los actuales usuarios de Isapres, sino que además se aumentará la carga y la presión sobre el sistema público, afectando la atención de los afiliados a Fonasa. Dicho de otra forma: la propia red que no ha dado abasto para más de 15 millones de afiliados, verá ampliada su cartera en 3,3 millones de personas.
No es todo. Si bien los convencionales y el propio gobierno han dicho que habrá espacio para los seguros privados de salud, lo cierto es que la comisión aprobó que “en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado”. ¿Qué significa esto? Básicamente, la imposibilidad de ofrecer beneficios complementarios que mejoren y amplíen las coberturas.
Cabe, entonces, preguntarse. ¿Quién gana con estos cambios?
En una encuesta realizada por Cadem, en noviembre pasado, el 85% de las personas indicó que prefiere elegir en qué sistema estar. Y un 65% consideró que se debiera establecer un sistema de salud mixto en la nueva Constitución. Todo lo contrario a lo aprobado.
En este escenario, vemos con preocupación que la calidad, oportunidad y eficiencia en salud tienen los días contados. Y que, en lugar de fortalecer al sector público, los constituyentes decidieron reducir al sector privado a una mínima expresión, pese a que la experiencia reciente muestra el éxito de un sistema integrado frente a emergencias mayores, como una pandemia. En definitiva, los convencionales no marginaron a las Isapres y a los prestadores privados, sino que dejaron a 3,3 millones de pacientes a la deriva.
Las Isapres han propuesto una reforma profunda al sistema, incluyendo un plan universal de salud y una nueva gobernanza con una institucionalidad fuerte que supervigile el cumplimiento de los beneficios establecidos por el Estado en su rol rector.
Confiamos en que el centro de estas propuestas, que en los próximos días revisará el Pleno de la Convención, esté puesto en la necesidad de garantizar derechos y en la existencia de un sistema capaz de proveer los beneficios que se establezcan.
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