Ignacio Sánchez

Ignacio Sánchez

Rector Pontificia Universidad Católica de Chile

Opinión

Comisión del Mineduc

Foto: La Tercera/Archivo

La ministra de Educación ha convocado a un grupo de rectores a participar en un Consejo Asesor, para el análisis y propuestas de cambios a la Ley de Educación Superior (ES), aprobada hace menos de un año. Esta iniciativa -cuya primera reunión se realizará hoy- se celebra y agradece, ya que ayudará a corregir algunas falencias y errores de la ley, para evitar así los daños que pueda producir. En los últimos meses se han expresado importantes críticas a la ley -provenientes de amplios sectores-, en relación a su impacto en el desarrollo de la ES. Junto a este trabajo se ha incluido las propuestas para avanzar en equidad y brechas de género al interior de las instituciones.

Sin duda hay aspectos positivos en la actual reforma, dentro de los que se incluyen una mayor regulación del sistema, un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad y una política pública de gratuidad focalizada en los estudiantes más vulnerables. A estos aspectos positivos se suma la reciente presentación de un nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS), nuevo crédito estudiantil.
Existen tres importantes temas pendientes a resolver en la ley. El primero es disminuir la sobrerregulación, que presenta el riesgo de un control estatal del sistema, debido al exceso de atribuciones de la Subsecretaría y de la Superintendencia. Asimismo, es necesario definir con mayor exactitud el nuevo sistema de admisión a la ES.

Segundo, el sistema de aseguramiento de la calidad propuesto debiera tener plazos y metas realistas, de manera que se pueda implementar de manera adecuada.

Tercero, en el financiamiento se requiere una nueva definición de los aranceles regulados de las carreras, del tiempo de cobertura de la gratuidad y de la fijación arancelaria de los estudiantes exentos de la gratuidad. Estos factores ponen en riesgo el financiamiento del sistema, lo que afectará la calidad de las universidades que se han incorporado a la política pública de gratuidad. Por su parte, el SIFS es un avance -con importantes correcciones que se han planteado en el parlamento-, y será un complemento financiero a la gratuidad. Además, se requiere corregir el aporte basal a las instituciones públicas no estatales, responsables de más de la mitad de la investigación del país.

Las dificultades descritas en la ley son necesarias de corregir, a través de modificaciones que aborden estos temas de manera conjunta. Asimismo, la participación, igualdad de derechos y oportunidades de la mujer en nuestras instituciones son aspectos muy relevantes. Se agradece y destaca la visión de la ministra al convocar a este Consejo Asesor. No asumir esta tarea expone al sistema a graves consecuencias que afectarán su calidad. Debemos cuidar el crecimiento y desarrollo de un sistema que es clave para el desarrollo integral del país.

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