Fukuyama sostiene en su libro “Los orígenes del orden político” que el Estado, concebido como una organización burocrática conformada por requisitos de mérito y que supera la visión patrimonialista, surge en la antigüedad en China, para luego ser recuperada en Occidente, bajo los principios modernos que subsisten hasta hoy. Pero pocas ideas generan más división que la noción de este aparato de poder legalmente organizado, sus fines, tamaño, atribuciones e incluso su relación con el ser humano.

De la perversión del Estado surgen los totalitarismos con su pretensión de controlar todos los aspectos de la vida, pero también de su ausencia deriva el imperio de la fuerza en las relaciones sociales. En definitiva, tanto por exceso como por carencia, el Estado determina las condiciones de posibilidad de una sociedad libre.

En los últimos años, en el verdadero período de restauración socialista que vivimos de la mano del discurso igualitarista, experimentamos un crecimiento acelerado de su estructura, atribuciones y, especialmente, una expansión de la percepción de legitimidad de su intervención en los más diversos ámbitos. El gobierno del presidente Kast ha avanzado en la dirección contraria, disminuyendo la carga tributaria, intentando reducir la burocracia que asfixia el emprendimiento y, lo más importante, encaminando a las personas a buscar el progreso que generan las actividades productivas y no la política asistencialista fundada en subsidios.

Ahora, en un nuevo avance, se creó la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público, integrada por personas de alto nivel profesional y transversalidad política, para sugerir adecuaciones al estatuto que regula a los funcionarios públicos que, tanto por cambios normativos como por jurisprudencia de los Tribunales, ha conducido a un Estado rígido, hipertrofiado y enrevesado, al punto que, muchas veces, no está realmente cumpliendo el mandato constitucional de estar al servicio de la persona humana, sino que se convierte en un obstáculo para el progreso de nuestra sociedad.

Como era de esperar, el estatismo se pone en alerta ante iniciativas como esta y aparecen los que se declaran preparados para defender a los funcionarios públicos, pero la primera defensa que requieren esos funcionarios es respecto de un sistema que les ha hecho perder el prestigio y respetabilidad que debiera tener la función pública. Evaluaciones en que prácticamente todos acceden al puntaje perfecto, en que los bonos por desempeño se han vuelto parte normal de la remuneración y en que la inamovilidad es el escudo protector de la ineficiencia, conforman un verdadero ecosistema de la mediocridad y la politización.

Chile merece tener buenos funcionarios públicos, eficientes, reconocidos y bien remunerados. La situación actual perjudica a los que existen y los hace invisibles, es hora de terminar con el Leviatán y avanzar a una organización verdaderamente profesional que sea una palanca del desarrollo y no un muro que lo detiene.

Por Gonzalo Cordero, abogado.