No es raro escuchar en el gobierno voces que predican la austeridad en los gastos. El Presidente de la República hizo gran cuestión hace unas semanas del costo millonario que tuvo el acto de traspaso de mando en la Fuerza Aérea. La reprimenda es consistente con la intención del Ejecutivo de reducir hasta en 20% el gasto de cada servicio público y con la previsión presupuestaria que establece que en 2019 el gasto fiscal representará 22,9% del PIB, el nivel más bajo desde 2014.

Pero no todos han captado el mensaje. Desde muchas partes surgen evidencias de que aún hay quienes insisten en considerar al erario como un generoso barril sin fondo.

El ejemplo más reciente lo entrega el caso de la agregada comercial en Nueva York. Aunque buena parte de la polémica acerca de su nombramiento se dio en torno a los contactos personales y al breve currículum laboral de la hoy renunciada diplomática, también es criticable que un cargo como ese reciba una remuneración tan elevada, absolutamente fuera de la realidad nacional.

Lo de los sueldos altos no es novedad. Es cosa de mirar las listas de personas con contratos a honorarios y a plazo fijo publicadas en virtud de la transparencia activa que exige la ley. El Estado se ha transformado en un pagador de sueldos elevados para muchos de esos profesionales, que en el sector privado percibían rentas menores. No es de extrañar que varias de esas vacantes tan bien remuneradas hayan sido llenadas por personas que no sienten afinidad política con las ideas de Chile Vamos, pero que con seguridad se vieron atraídas por un nivel salarial que difícilmente hubieran podido encontrar en el sector privado.

Una porción relevante del personal público a honorarios y a contrata corresponde a los funcionarios “políticos” que entran y salen con cada gobierno. En promedio son, por lejos, los mejor remunerados del aparato estatal. ¿Austeridad?

Esta tampoco se advierte en los niveles de gasto del Congreso (donde ayer supimos que se hacen capacitaciones con terapias orientales para superar el estrés), entes autónomos como el Ministerio Público (que, según se reveló ayer, pagó $18 millones por talleres de media training) y altos funcionarios del Ejecutivo. Este diario informó que en el último consejo de gabinete, celebrado en un regimiento en Quillota a principios de diciembre, el costo por alimentación de cada uno de los 23 ministros ascendió a $179.616. Es cierto que poco más de cuatro millones de pesos (la cuenta total del gabinete) no hace diferencia alguna en el presupuesto público, pero también lo es que la caridad empieza por casa y que sería edificante que quienes predican la austeridad lo hagan con el ejemplo.