Compleja crisis migratoria en Colchane

Una crisis humanitaria de proporciones se vive por estos días en la comuna de Colchane, una localidad cercana a la frontera con Bolivia y que en un corto período de tiempo ha recibido a más de 1.800 migrantes -la mayoría provenientes de Venezuela-, quienes han cruzado por pasos no habilitados. Para una localidad cuya población no supera las 1.500 personas, es evidente que un flujo de esta magnitud ha implicado que se esté al borde del colapso total, incrementando además sustancialmente el riesgo de contagio de coronavirus.

La situación -que ha provocado un profundo malestar de las autoridades locales así como de sus habitantes, que han visto un severo impacto en su calidad de vida- obliga a una pronta respuesta por parte de la autoridad. Para estos efectos, el gobierno ya ha dispuesto un reforzamiento de personal policial en la zona, para una mejor custodia de las fronteras, y ha dado curso a un decreto que facilita el despliegue de personal militar para colaborar con Carabineros en labores fronterizas. Está pendiente aún un viaje del ministro del Interior a la zona, así como conocer los detalles del llamado Plan Colchane.

Esta crisis migratoria representa un complejo desafío para el nuevo ministro del Interior, por sus obvias implicancias en materia de seguridad y orden público. Por ahora se ha extrañado una presencia suya más activa en esta emergencia, pero cabe esperar que una vez que se concrete el viaje y se dé a conocer el plan especial se retome un mayor liderazgo. Para el gobierno hay aquí mucho en juego, ya que el haberse hecho cargo de la inmigración irregular ha sido uno de sus logros más reconocidos, pero en la medida que la situación arriesga con salirse de control, el costo político puede ser elevado.

Pese a las críticas que han levantado sectores del propio oficialismo, y los reclamos de parte de la ciudadanía que pide medidas enérgicas, una primera reacción deberá apuntar a hacerse cargo del drama humanitario que hoy se vive en la zona, tanto para evitar que Colchane colapse por completo, como para asegurar que los cientos de familias que han ingresado en forma irregular no vean en riesgo su salud y cubran sus necesidades básicas, mientras se resuelve su situación definitiva. Este drama no debe ser instrumentalizado ni pretender obtener dividendos políticos a partir de ahí.

El caso no puede eludir, sin embargo, que han quedado expuestas serias vulnerabilidades que presenta la frontera, que aparentemente puede ser eludida sin mayores dificultades. Los ingresos por pasos no habilitados en la zona norte son ya de larga data, pero su mayor intensidad se ha hecho evidente en los últimos años, sin que se adoptaran a tiempo medidas más enérgicas para impedirlo. El país recientemente se ha dotado de una nueva ley que regula la política migratoria, pero estos esfuerzos por adaptar la legislación a la realidad del siglo XXI pueden verse seriamente frustrados si no hay una robusta vigilancia de las fronteras.

Más allá de que el origen de la mayor presión migratoria esté en la crisis de Venezuela y el desplazamiento que ella ha provocado de millones de venezolanos a lo largo de la región -lo que ciertamente exige una mejor y urgente coordinación regional-, es imprescindible que situaciones como la que se vive en Colchane no sigan produciéndose, por sus obvias repercusiones políticas y sociales.