Complejos precedentes tras paro camionero

Es difícil encontrar ejemplos en que mediante actos de presión un gremio logre para sí beneficios fiscales que podrían llegar a US$ 2.300 millones.



Las negociaciones que llevó a cabo el gobierno para desactivar el paro de los camioneros no dejan demasiado margen para la celebración, porque si bien se logró el objetivo de terminar con una movilización que estaba empezando a provocar graves trastornos en la cadena logística así como en diversos rubros productivos, a su vez dejó sentados una serie de precedentes muy complejos, particularmente el que las medidas de presión -incluso desbordando la legalidad- sean vistas como un vehículo efectivo para lograr de la autoridad la concesión de beneficios particulares.

Sin perjuicio de que algunas de las demandas de los camioneros resultan plenamente atendibles, como es el caso de requerir de la autoridad mayores niveles de seguridad -considerando el flagelo delictual que afecta al país-, el que se haya recurrido al bloqueo parcial o incluso total de algunas carreteras resulta inaceptable, y en tal sentido es acertado que el gobierno haya decidido presentar querellas invocando la Ley de Seguridad del Estado. Resulta valorable que en las negociaciones el gobierno no haya aceptado bajar estas acciones judiciales, y ahora no solo cabe esperar que esta decisión se mantenga a firme, sino que dicha norma sea invocada cada vez que la situación lo amerite, considerando la pertinacia ideológica que esta administración había mostrado hasta ahora para invocar dicha ley.

En el marco del acuerdo alcanzado el gobierno se comprometió a reforzar la vigilancia, sobre todo en siete puntos entre Arica y Coquimbo, y si bien no cedió en una rebaja en el precio de los combustibles, como inicialmente solicitaban los gremios, en cambio aceptó congelar el precio del diésel por un lapso de cuatro meses -lo que se hará a través de un mecanismo transitorio en el marco del Mepco-, para luego fijar una suerte de mecanismo permanente que considerará ajustes cada 21 días, con un alza tope. Se trata de una cuantiosa concesión otorgada a estos gremios, la cual podría tener un costo potencial para el fisco del orden de los US$ 2.300 millones, según estimaciones de Clapes UC. Esto porque la fórmula contempla un aporte de US$ 1.500 millones adicionales al Mepco, y unos US$ 800 millones por concepto de congelamiento del precio.

Es difícil encontrar precedentes en que un gremio logre para sí un beneficio de tal magnitud. El monto potencialmente comprometido equivaldría a financiar un aumento de la Pensión Garantizada Universal a $250 mil para dos millones de personas durante un año y medio; sería también equivalente a 1.500 salas cunas, 60 mil viviendas sociales o 40 hospitales de mediana complejidad. Así, la solución alcanzada rompe el principio de las ayudas focalizadas y debe llevar a tomar conciencia sobre el enorme costo alternativo que esto conlleva, es decir, los beneficios que recibe un sector serán a costa de potenciales beneficios sociales que dejarán de recibir sobre todo los sectores más vulnerables. No es la única contradicción que salta a la vista, pues aquí también se está entregando un subsidio neto a los combustibles fósiles, algo totalmente contradictorio con la política ambiental que defiende el gobierno y que ha ratificado en la reciente COP 27.

Ahora que los gremios de los camiones han comprobado que cuentan con capacidad efectiva de presión, es previsible que una vez cumplidos los plazos para la entrega de estos subsidios el camino de las presiones volverá a hacerse presente, y es difícil imaginar que el compromiso establecido en campaña, en orden a ir nivelando los tratamientos tributarios entre el diésel y las bencinas, se pueda cumplir con facilidad.

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