Conflicto en La Araucanía: el gobierno se debe hacer cargo del problema

3 DE AGOSTO 2020 / COLLIPULLI Incidentes en el centro de la comuna de Collipulli por los hechos de violencia registrados el fin de semana, tras el desalojo de las comunidades que permanecían en toma en 5 municipalidades de La Araucanía. FOTO: MARCOS MALDONADO / AGENCIAUNO

Ha llegado el momento de abordar integralmente las raíces del conflicto y abocarse a una solución política a gran escala.




Durante estas últimas semanas el llamado “conflicto mapuche” ha experimentado un giro muy peligroso. Justificadamente algunos han hecho ver que vivimos uno de los momentos más tensos de los últimos 30 años en la macrozona del conflicto, especialmente en La Araucanía, producto de la seguidilla de atentados de grupos radicalizados y cuando los ánimos de la sociedad civil están cada vez más enardecidos.

Pero si algo está dejando también a la vista este dramático cuadro, es que junto con la necesidad de perseguir policial y judicialmente a quienes quebranten el estado de derecho -independientemente de donde provenga, algo en lo que debería existir un consenso transversal, pues la violencia es incompatible con un estado democrático-, también ha llegado el momento de abordar integralmente las raíces del conflicto y abocarse a una solución política a gran escala. Si bien es cierto sus orígenes pueden ubicarse coetáneamente con nuestra historia republicana, lo concreto es que en las tres últimas décadas la situación ha ido empeorando, bajo gobiernos de disímil signo.

En vez de focalizarse en soluciones de fondo, la política, desde hace muchos años, ha caído en acusaciones cruzadas frente a La Araucanía. Pareciera que durante años nos hemos acostumbrado a vivir con este conflicto, y es este statu quo lo que ahora está pasando la cuenta en toda su magnitud. Si se sigue postergando la búsqueda de una solución profunda, creativa, amplia y comprensiva, la agonía se prolongará, condenando a esta región a seguir sumida en el rezago social y económico en que hoy se encuentra. Las solicitudes de perdón formuladas esta semana por distintos senadores ante su larga falta de acción por lo que ha ocurrido en la zona es un primer paso, pero ahora debe traducirse en compromisos concretos.

La principal responsabilidad por el inmovilismo en que se encuentra este conflicto recae en el Presidente de la República. Es evidente que tras la convulsión surgida a partir del 18 de octubre pasado, y ahora con una inédita pandemia, los ejes de acción del gobierno se han visto totalmente trastocados. Pero resulta incomprensible que el conflicto indígena haya sido desplazado de la agenda -quedándonos estancados en la dimensión policial-, considerando su importancia. Tempranamente esta administración logró forjar un Acuerdo por la Paz y el Desarrollo de La Araucanía, promovió diálogos a gran escala desde el Ministerio de Desarrollo Social y puso en marcha el Plan Impulso, con una potente batería de inversiones para la región. Fue el propio Mandatario el que volvió a comprometerse con una reforma constitucional para lograr el reconocimiento de los pueblos indígenas -una materia que viene discutiéndose en el Congreso desde 1990-, avanzar en escaños reservados en el Congreso para los pueblos originarios, y concretar el Ministerio de Asuntos Indígenas, entre otras iniciativas. Toda esa agenda perdió fuerza, algo no solo atribuible al quiebre de las confianzas que produjo el caso Catrillanca, sino también a que las propias prioridades del Mandatario comenzaron a ser otras.

La agenda de orden público debe ir a la par de una discusión política a gran escala que aborde los nudos de reparación y el desarrollo económico de La Araucanía. Estos tres ejes forman un todo indivisible, y es deber de la autoridad hacerse cargo de ello. Ahí podría estar el legado que podría dejar esta administración, y sería un error dilatar esta solución hasta que un eventual proceso constituyente se haga cargo de ello, porque mientras tanto el conflicto seguirá creciendo. El gobierno debe dejar encaminados los ejes de una solución, y para ello debe apoyarse no solo en sus propias propuestas -en su momento muy alabadas-, sino en todos los diagnósticos que se han hecho desde 1990, desde el Acuerdo de Nueva Imperial que abordó el gobierno del Presidente Aylwin, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato bajo el gobierno de Ricardo Lagos, y el informe de la Comisión Asesora Presidencial durante la gestión de Michelle Bachelet.

Sería ingenuo no reconocer que hay problemas que revestirán especial complejidad, como por ejemplo hasta qué nivel de autonomía se podría entregar a los pueblos originarios sin perder el carácter unitario del país, así como el diseño de fórmulas audaces para satisfacer los reclamos de entrega de tierras que demandan las comunidades indígenas. El concepto de “reparación” habrá de ir mucho más allá de lo económico, es también cultural, tal que el país internalice y valore a sus distintas culturas. Pero estas complejas materias no deben ser obstáculo para abordar todas aquellas -y que son numerosas- en las que sí parece haber diagnósticos comunes. Todo depende ahora de la voluntad del gobierno.

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