SEÑOR DIRECTOR:

La moción conocida como Ley Jacinta, inspirada en el caso de una niña de 5 meses fallecida a raíz de un conductor de 80 años que perdió el control de su vehículo, busca restringir la entrega de licencias de conducir a personas mayores de 65 años, por motivo de enfermedad grave o vejez.

Sin duda, es un imperativo social disminuir los accidentes de tránsito, pero ello no puede generar el detrimento de los derechos de una población. En la discusión del proyecto es importante considerar todas las consecuencias, y “que el remedio no resulte peor que la enfermedad”.

El proyecto establece la necesidad de un certificado médico habilitante para cualquier persona con “alguna enfermedad o alteración que pueda considerarse invalidante”, la denegación -a priori- de obtener licencia para los pacientes con cáncer en etapa 2 o superior, además de contar con certificado de médico que acredite ausencia de impedimento físico o cognitivo para todo mayor de 65 años.

Así, la propuesta representa una restricción severa de la autonomía de las personas mayores y los pacientes con cáncer, lo que puede implicar mayor aislamiento social y peor acceso a servicios médicos. Además, se trata de una acción discriminatoria, especialmente hacia los que padecen de enfermedades que no necesariamente afectan sus competencias para conducir.

En lo que atañe a la profesión médica, es preocupante que se nos haga corresponsables de accidentes de tránsito en situaciones imprevisibles, sin tomar en cuenta que a las habilidades del conductor se suman las condiciones de las calles, visibilidad, claridad de señalética, vigilancia de cumplimiento de velocidad, e incluso acceso de vehículos de rescate, como ambulancias.

La discusión es necesaria. Los valores y derechos, restricciones y responsabilidades se contraponen y requieren una ponderación. Se trata de resguardar el bien común y preservar del daño, pero sin desconocer que esta discriminación a las personas mayores y enfermos con cáncer constituye también una forma silenciosa de dañar.

Anamaría Arriagada

Tesorera Colegio Médico de Santiago