SEÑOR DIRECTOR:

En enero de 2022, en el emblemático Cerro Welen (”Huelén” en castellano), la Convención Constitucional realizaba el lanzamiento del proceso de consulta indígena. La entonces presidenta, María Elisa Quinteros, señaló: “Necesitamos que todas y todos los hermanos de pueblos indígenas participen del proceso. Queremos conocer sus apreciaciones, opiniones y saberes, para poder plasmarlos en la nueva Constitución para el país”. En ese tiempo se consideraba que la consulta fortalecía la participación indígena, al ser complementaria a los 17 escaños reservados.

¿Qué pasa en el actual proceso? Existe un “enredo” (“cahuín” en mapudungun), tituló un diario. Nadie quiere hacerse cargo de dar respuesta a una solicitud que hizo Alihuen Antileo, único consejero indígena electo por ese padrón. Si seguimos la lógica del proceso anterior, donde fue la mesa directiva de la Convención la responsable, ¿por qué en este caso debería ser diferente?

Hoy, además de ser una responsabilidad ineludible, contenida en el derecho internacional, es lo mínimo para mitigar en algo la poca legitimidad que el proceso en sí ya significa para los derechos indígenas, dada la nula participación en la Comisión Experta y la bajísima representación en el Consejo. Un texto inconsulto, además, de seguro derivará en una demanda internacional, lo que dejaría a Chile como un Estado que, una vez más, vulnera los derechos indígenas.

Cristina Ñancucheo Lincoñir