SEÑOR DIRECTOR
Es refrescante el saber que un organismo tan relevante como la Contraloría General de la República ha sido capaz de confirmar algo que las casas de estudio superiores han indicado en más de una oportunidad: la inconsistencia sobre los criterios que sustentan la definición de los aranceles regulados.
El primer argumento de esta carencia es consistente con la conclusión emitida por la Contraloría, que señala que no se permitió una participación efectiva de las instituciones de educación superior en la fijación de valores regulados para la gratuidad, lo que se podría diagnosticar como parte fundamental de los errores cometidos en su formulación.
Asimismo, la caracterización de las carreras y grupos que definen los aranceles resultan hasta contradictorios con los estándares de calidad, entre otras características fundamentales, que además han sido afectos a cambios, sin declarar motivos y justificaciones para ello.
Las instituciones de educación superior son un pilar fundamental en el desarrollo de nuestros jóvenes y del país, por lo tanto es fundamental contar con políticas claras, estables y consistentes, que permitan un desarrollo sostenible en todos los ámbitos del quehacer académico. Contraloría hoy hace un llamado importante al orden, que esperamos sea escuchado.
Mario Herane
Prorrector Universidad Mayor
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