Pocas veces un anuncio de política pública logra generar tanta adhesión inmediata como la eliminación de copagos en la red pública de salud. En septiembre de 2022, la instauración del Copago Cero para todos los beneficiarios de Fonasa fue celebrada como un avance estructural hacia la protección financiera. Sin embargo, más de dos años después, la evidencia acumulada nos obliga a enfrentar una verdad incómoda: esta medida, aunque justa y razonable en principio, no ha logrado reducir el gasto de bolsillo de los hogares.

Chile sigue ostentando el título de ser uno de los países de la OCDE con mayor gasto directo en salud, manteniéndose en una proporción cercana al 35% del gasto total, casi el doble del promedio del bloque desarrollado. Y esta cifra, que golpea a miles de familias, simplemente no ha variado tras la implementación del Copago cero. La explicación es sencilla, aunque políticamente incómoda: los copagos institucionales de Fonasa representan apenas una fracción menor del gasto de bolsillo total. Su eliminación, por sí sola, no toca la fibra sensible de las causas estructurales que empujan a las familias a pagar directamente.

Estas radican en tres áreas críticas. Primero, el costo de los medicamentos es una carga persistente y desregulada. Segundo, la incapacidad de la red pública para absorber la totalidad de la demanda diagnóstica y las listas de espera obligan a las personas a buscar exámenes y procedimientos en el área privada. Es en estos ítems donde se genera el grueso del gasto catastrófico, donde las familias se endeudan y donde el estándar de protección financiera de Chile luce tan rezagado en comparación internacional.

Mientras estos factores no se modifiquen de fondo, ningún cambio en los copagos hospitalarios podrá alterar la cifra global de gasto directo, pues no son su componente principal.

En suma, el Copago cero es una política distributiva y simbólica, no estructural. Confundir la gratuidad en la atención pública con la protección financiera integral es un error que solo retrasa las soluciones reales. Incluso con este mecanismo funcionando plenamente, los hogares continúan desembolsando lo mismo para medicamentos, procedimientos privados y consultas.

Los países que han logrado controlar su gasto de bolsillo no lo hicieron eliminando copagos menores, sino aplicando medidas mucho más profundas. Las más exitosas: seguro universal de medicamentos con compras centralizadas; sistemas de multiseguros bien regulados que se complementen en lugar de fragmentarse, y mecanismos de protección ex ante como deducibles bajos y cobertura universal para enfermedades crónicas.

Si Chile quiere avanzar seriamente hacia estándares de protección financiera propios de la OCDE, necesita enfrentar su verdadero talón de Aquiles: el costo de los fármacos, la oportunidad de la atención y la integración sistémica. Sin abordar estos componentes esenciales, el gasto de bolsillo seguirá siendo un peso asfixiante y las familias continuarán financiando, de su propio presupuesto, una parte de la atención que el Estado o los seguros deberían garantizar. La promesa de protección financiera requiere y exige una reforma valiente y con foco donde realmente duele el bolsillo.

Por Luis Castillo Fuenzalida, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Chile