SEÑOR DIRECTOR:
A fines del mes de enero, Transparencia Internacional publicó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de 2023, instrumento que mide, como indica su nombre, la percepción de corrupción en el sector público desde el año 1993. Chile históricamente ha tenido un buen desempeño, siendo uno de los líderes de la región y también ocupando lugares dentro de las 30 primeras posiciones de los 180 países del mundo medidos. Sin embargo, este año recién pasado tuvimos una baja de puntaje -un punto- y de posiciones -dos-, luego de varios años de estancamiento. De hecho, desde el 2014 hemos perdido siete puntos y nos alejamos cada vez más del primer lugar de América Latina -que algún día orgullosamente ostentamos-, hoy en manos de Uruguay.
En un año electoral como el actual, donde votaremos por autoridades de gobiernos regionales y municipales que, justamente, han estado en el ojo del huracán por posibles irregularidades vinculadas a corrupción que se investigan, es clave el compromiso con la integridad pública tanto de quienes se postulen como de los partidos políticos que les apoyen, y no solo en los dichos, sino también en los hechos concretos. El rol de la ciudadanía también es clave: informándose, involucrándose y exigiendo compromisos de sus futuras autoridades.
El hecho que, según el Ministerio Público, existan 642 causas abiertas en todas las regiones del país vinculadas a algún delito de malversación y fraude al Fisco respecto a alcaldes y funcionarios de los gobiernos locales, debe preocuparnos y ocuparnos.
La corrupción asociada al desvío de fondos claves para bienes y servicios públicos para otros fines o bolsillos no solo afecta a quienes son más vulnerables, sino que tiene un importante efecto en la confianza en nuestras instituciones y en el propio régimen democrático, tan cuestionado estos días en diversas latitudes del mundo por liderazgos autoritarios y populistas.
Junto con proyectos para la urgente modernización del Estado que están en discusión en el Congreso, es necesario contar con liderazgos comprometidos -y no solo de palabra- con la integridad pública.
María Jaraquemada
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