El costo de los operadores

Las irregularidades en la elección del Partido Socialista (PS) han impactado por el eventual nexo narco en San Ramón, comuna bajo conducción PS. Siendo la acusación gravísima, no puede pasar a segundo plano el tema más transversal y de fondo: el enquistamiento de los llamados operadores políticos. Esos falderos edecanes de algún cacique político que venden influencias y operan elecciones a cambio de empleos públicos. Corrupción pura y dura. ¿Cuál es el costo de esos operadores?

San Ramón da algunas pistas. Se ha reportado que 210 militantes PS estaban contratados en el municipio. Esto equivale a 11,1% del total de funcionarios, incluyendo servicios de salud y educación. También sabemos que, a nivel comunal, la militancia PS equivale a 4,6% del padrón electoral. Suponiendo que los funcionarios municipales son de la comuna y asumiendo igual distribución de competencias entre grupos, se tiene que la frecuencia de puestos ocupados por militantes PS es casi 2,5 veces mayor que la de un escenario de selección ciega con iguales chances para toda la población de similares competencias. Visto así, 123 de los 210 puestos serían excesivos y atribuibles a operadores. Una cifra que equivale a 6,5% del empleo municipal y que, en proporción a sus US$30 millones anuales en remuneraciones, implicaría sueldos cuoteados por unos US$2 millones al año. ¿Igualdad y fraternidad?

La pregunta obvia es cuán extendida podría ser esta práctica en el país y en otros partidos (sería absurdo remitir el problema solo a San Ramón y al PS). No habiendo estadística pública agregada que cruce militancia y empleo público, no queda sino especular. ¿Qué implicaría aplicar el 6,5% de cuoteo de empleos de San Ramón al resto de Chile? Que las remuneraciones anuales cuoteadas llegarían a US$ 380 millones a nivel municipal y a US$840 millones si extrapolamos al Estado central. Estas cifras especulativas alertan sobre la cuantía de recursos públicos que podrían desviarse hacia operadores. Aunque medir con precisión el costo de esta desviación requeriría evaluar el valor agregado relativo de los empleados cuoteados, la magnitud de las cifras sugiere que ese costo puede ser importante.

Con todo, el costo es más que económico. Por un lado, el cuoteo es una bofetada a los verdaderos servidores públicos, a la igualdad de oportunidades y al mérito que debiera primar en el empleo estatal. Por otro, la captura del Estado, transformándolo en botín, exacerba la desconfianza en las instituciones y en la democracia representativa. Finalmente, el intervencionismo electoral de los operadores mina la credibilidad de los partidos.

¿Qué hacer? Tomarse este cáncer en serio. Segundo, forzar la selección por mérito a nivel municipal. Tercero, avanzar en transparencia, incluyendo evaluar generar estadísticas innominadas y agregadas que crucen empleo público con militancia. Sin arriesgar caer en caza de brujas, esto último podría alertar sobre otros San Ramón, especialmente cuando el poder cambia de manos.