Crisis y agenda social

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El éxito del acuerdo del 15 de noviembre es indispensable para superar la crisis, pero para terminar con la violencia es indispensable un fuerte aumento, inmediato, del gasto social y una trayectoria creciente para los próximos años para así responder a las demandas ciudadanas. Sobre esa base, un acuerdo contra la violencia y las violaciones de los derechos humanos y una rectificación profunda en el manejo gubernamental de la crisis, permitiría una salida definitiva.

En la crisis del 2009, bastante menos compleja que la actual, el gobierno invirtió 9 mil millones de dólares, lo que equivalía a un 5% del PIB de ese entonces. Es inconducente la pretensión del gobierno de resolver la crisis con un gasto adicional de 1% del PIB. Se requiere un mejoramiento generalizado de las pensiones y avances significativos hacia un nuevo sistema de seguridad social, un aumento sustantivo de la inversión y un mejoramiento de la gestión en la salud pública, soluciones reales al endeudamiento del CAE y una elevación de la inversión en educación, entre otras medidas.

Este esfuerzo es posible, pues tenemos una deuda pública bruta baja (en torno a 26% del PIB) que puede ser llevada hasta un 40% del PIB sin riesgos fiscales. El segundo paso, considerando que los gastos requeridos son permanentes, es una reforma tributaria que eleve la carga tributaria desde el actual 20% del PIB a un 25% en los próximos cinco años, cifra todavía muy por debajo de la carga promedio de los países de la OCDE (34%). Los elementos de esa reforma deben ser la desintegración total del sistema tributario, la creación de un nuevo tramo de 50% para el impuesto global complementario, el término a las exenciones a las ganancias de capital, el fin de la tributación por renta presunta y el establecimiento de un real royalty por la explotación de los recursos naturales. No es la época de limosnas; se necesita la cooperación en serio de las grandes empresas "hasta que duela", como ha dicho Alfonso Swett, y esto se logra apoyando la reforma tributaria propuesta.

Todo lo anterior no es suficiente para salir de la crisis; se requiere, además, que el Presidente rectifique y, junto con la oposición, se haga responsable de la gestión política de la misma. No basta, y quizás es contraproducente, la presentación de proyectos en los que subyace la idea que el problema de hoy es solo de orden público. El Presidente debe dejar de operar de forma reactiva, debe entender que no es un "gerente de políticas públicas" y aprender de la agilidad del Presidente Duque de Colombia y que su tarea principal es persuadir a la ciudadanía con una visión de país y una promesa de futuro. Así quizás recupera su capacidad de gobernar. La oposición debe evidenciar el carácter errático y la falta de visión de la política de la Administración y vincularse con los actores sociales.

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