El reciente aumento en el precio de los combustibles en Chile, en el contexto del funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), vuelve a poner sobre la mesa una tensión estructural que el país ha intentado gestionar por años: cómo conciliar estabilidad de precios internos con la volatilidad de los mercados internacionales, sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Durante los últimos ciclos de alzas internacionales, el MEPCO ha cumplido un rol relevante amortiguando shocks, pero a un costo creciente para las arcas fiscales. Mantener los precios internos sistemáticamente por debajo de los niveles internacionales no es gratuito. Es, en la práctica, un subsidio implícito al consumo de combustibles fósiles, que tensiona el presupuesto público y, al mismo tiempo, debilita las señales económicas necesarias para avanzar hacia una economía baja en carbono.

Este contexto abre una oportunidad estratégica que Chile no debería desaprovechar.

Primero, porque el alza de precios corrige, al menos parcialmente, una distorsión clave: el bajo precio relativo de los combustibles fósiles frente a alternativas más limpias. En términos económicos, esto mejora la competitividad de tecnologías como la electromovilidad, la eficiencia energética y el hidrógeno verde, sectores en los que Chile ya ha definido apuestas estratégicas en su política energética y climática. Lo que antes requería subsidios o incentivos adicionales, hoy comienza a alinearse de forma más natural con las señales de mercado.

Segundo, porque reduce la presión fiscal asociada a contener artificialmente los precios. En un escenario de estrechez fiscal, liberar recursos desde subsidios generalizados al consumo de combustibles hacia inversiones más focalizadas –por ejemplo, en infraestructura de carga eléctrica, transporte público limpio o soluciones basadas en la naturaleza– puede tener retornos económicos y sociales significativamente mayores. En otras palabras, se trata de pasar de subsidiar el problema a financiar la solución.

Tercero, porque fortalece la coherencia de la política pública. Chile ha avanzado en compromisos ambiciosos bajo su Estrategia Climática de Largo Plazo, que apunta a la carbono neutralidad al 2050. Sin embargo, estos objetivos conviven con instrumentos que, en la práctica, incentivan el consumo de combustibles fósiles. La actual coyuntura permite corregir esta inconsistencia, alineando mejor la política fiscal, energética y climática.

La experiencia internacional es clara en este punto. Países que han avanzado con mayor decisión en la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles han logrado no solo mejorar sus balances fiscales, sino también acelerar procesos de innovación tecnológica y transformación productiva. La clave ha estado en acompañar estas transiciones con medidas de mitigación bien diseñadas, focalizadas en los hogares más vulnerables y en sectores productivos particularmente expuestos.

Por cierto, el desafío no es menor. El alza de los combustibles tiene efectos directos sobre el costo de vida y sobre la estructura de costos de múltiples sectores económicos. Ignorar estas implicancias sería un error. Pero responder exclusivamente con mecanismos de contención de precios también lo es.

La pregunta de fondo no es si Chile debe proteger a los consumidores frente a la volatilidad internacional, eso es indiscutible, sino cómo hacerlo de manera inteligente, sin perpetuar dependencias que el propio país ha decidido superar.

En este sentido, una agenda moderna debiera avanzar en tres frentes complementarios: (i) rediseñar los mecanismos de estabilización de precios para que sean fiscalmente sostenibles y no distorsionen las señales de largo plazo; (ii) acelerar la inversión en alternativas energéticas limpias, aprovechando las ventajas comparativas del país; y (iii) fortalecer instrumentos de protección social focalizada que permitan gestionar los impactos distributivos de la transición.

El alza reciente de los combustibles es, sin duda, una mala noticia en el corto plazo. Pero también puede ser una señal –quizás incómoda, pero necesaria– de que el modelo actual está llegando a sus límites. Transformar esa señal en una oportunidad dependerá de la capacidad del país para tomar decisiones que miren más allá de la coyuntura.

Porque, en definitiva, la verdadera estabilidad no se logra conteniendo precios, sino reduciendo dependencias.

Por Rodrigo Arriagada C., Académico Facultad Agronomía y Sistemas Naturales UC y CLAPES UC