Cuidemos las instituciones II




Las amenazas a la fiscal Chong, a propósito del ejercicio de su función en una causa que involucra a un carabinero, son un hecho gravísimo. Desde un punto de vista institucional es, sin embargo, aún más grave la manera en que se han referido a ellas algunas autoridades. A la legitimación de las mismas por el senador Iván Moreira (“cuando uno hace política como fiscal, es sin llorar”), se sumó una desafortunada contextualización del ministro del Interior Víctor Pérez, quien, aunque reprobándolas, acusó a la fiscal de faltar a sus deberes profesionales con frecuencia (“[Chong] carece de objetividad muchas veces”). A ambos los animaría el respeto que profesan a la labor de Carabineros.

El mismo ánimo inspiraría a Luis Larraín, quien en una columna del día sábado titulada “Cuidemos las instituciones”, comentando la misma causa que investiga Chong, junto con sugerir que los fiscales no persiguen todos los delitos con el mismo celo, realiza una vehemente defensa de la policía uniformada, destacando que, a pesar de los problemas que la aquejan, cuenta con índices de aprobación ciudadana superiores a otras instituciones, entre las que se cuentan el mismo Ministerio Público.

Por supuesto, la actuación de la fiscalía está sometida a un escrutinio exigente en democracia. Con todo, he conversado con distintos expertos lo extraño que resulta que figuras identificadas con una posición particularmente dura ante el crimen, las emprendan contra una fiscalía que ejerce su función persecutoria con fuerza. Estos expertos también me confirmaron que, en general, había sido el juez de garantía -figura que hace de contrapunto al Ministerio Público-, el blanco preferido de ataque de dichos sectores, por cuanto recae en él la función de proteger los derechos constitucionales del imputado. Para ejemplificar, cuando la fiscalía la solicita, corresponde al juez de garantía conceder o no la prisión preventiva. Ante la conmoción que produce un hecho delictual grave, muchas veces dicha difícil decisión debe tomarse, además, ante la mirada atenta de masas enardecidas que exigen que se castigue con rapidez y lo más severamente posible al supuesto responsable.

Las instituciones no se cuidan con defensas corporativas acríticas, sino cuando los actores públicos involucrados evitan manipularlas para favorecer sus propios intereses o agendas. Los que hasta apenas ayer clamaban indignados por supuestas garantías excesivas que obstaculizarían conseguir justicia y hoy consideran, en cambio, que la persecución penal es demasiado rigurosa, quizás por fin comprendan la importancia de aquéllas. Ni jueces de garantía ni fiscales son alternativamente y a conveniencia héroes o villanos, sino intervinientes en un complejo civilizatorio llamado debido proceso penal.

Nunca es tarde para comenzar a cuidar las instituciones.

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