El gobierno de Chile informó que el Presidente de la República será anfitrión de la “Reunión de Alto Nivel Democracia Siempre”, que contará con la participación de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; y de Uruguay, Yamandú Orsi, así como del Jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Lo primero que cabe preguntarse es si se trata de una “cumbre” en el sentido clásico que dicho término tiene en las relaciones internacionales, esto es, el encuentro de jefes de Estado en el marco de su rol constitucional, que en el caso de Chile consiste en la materialización de nuestra política exterior, o se trata más bien de una “cumbre” político ideológica, como parece ser el caso.

Las políticas de Estado son aquellas que logran un consenso transversal de los partidos políticos y la sociedad, que se entiende de largo plazo entorno a los intereses permanentes de Chile. Así por ejemplo la apertura comercial y los TLC son una política de Estado en Chile, como lo es también la promoción y defensa de la democracia.

Si bien este último principio parece ser el que se invoca para la anunciada cumbre, el perfil de los asistentes, su identificación con el “progresismo” y sus peculiares características, la asemejan más a una cumbre del Foro de Sao Paulo o bien, de la Internacional Socialista que preside precisamente Pedro Sánchez.

En efecto, la cercanía de Pedro Sánchez al régimen dictatorial venezolano a través de su principal operador, el también ex Jefe de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero; la histórica condescendencia con la dictadura venezolana de Inácio Lula da Silva y las cuestionables credenciales democráticas de Gustavo Petro, hacen de esta cumbre un encuentro de personalidades que, con la excepción del Presidente Yamandú Orsi de Uruguay, son líderes “progresistas” que avalan un régimen dictatorial como el de Maduro, y por tanto poco pueden aportar a la defensa de la democracia.

Más aún, cuando algunos de ellos, en nombre de la lucha contra la desinformación, amenazan permanentemente la libertad de expresión y cuestionan el rol de la prensa.

Se trata entonces de una cumbre cuya organización responde más bien a la filiación ideológica de los gobernantes convocados, que al interés nacional y a la política exterior de Chile y por tanto cabe cuestionar a lo menos dos aspectos fundamentales.

El primero es constatar una vez más cómo nuestra política exterior se ha desdibujado durante el actual gobierno, anteponiendo la subjetividad personal que quien “habita” el cargo por sobre la rigurosidad y fidelidad que demanda su ejercicio. Que la conducción de las relaciones internacionales sea prerrogativa constitucional del Presidente de la República, no significa que el Presidente pueda hacer lo que sus preferencias políticas e impulsos personales le muevan a hacer.

Esta cumbre parece responder más a los intereses ideológicos de los gobernantes convocados, que a los intereses permanentes de los estados que ellos representan. No se advierte cuál es su beneficio para los pueblos que representan, y cuáles las acciones concretas que, en defensa de la democracia, se pueden obtener de una reunión tan peculiar.

En segundo lugar, si lo que se busca es un beneficio político para un sector ideológico y no se acredita la pertinencia de esta cumbre para el interés y la política exterior de Chile, cabe cuestionar severamente el empleo de recursos públicos que esta demandará, tanto del anfitrión como de sus invitados.

Visto así, esta “cumbre” no contribuye al prestigio de la democracia.

Por Luis Pardo Sáinz, director ejecutivo del Instituto Libertad