Daño colateral

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La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que autoriza el retiro de hasta un 10% de los ahorros acumulados en las cuentas previsionales de los trabajadores ha trasladado la discusión al Senado, instancia que deberá dirimir el futuro de esta iniciativa. Si hay algo que ha quedado claro en todo este episodio es que el objetivo central de quienes la impulsaron no ha sido la búsqueda de la mejor forma de transferir recursos a quienes se están viendo más afectados por la pandemia, sino que el propósito ha sido propinarle un golpe al actual sistema de pensiones, basado en la capitalización de los aportes individuales. Lo han dicho con todas sus letras.

Lamentablemente, no se advierte real conciencia acerca de lo que verdaderamente está en juego ante una decisión de este tipo. Habiendo evidencia de que las pensiones actuales son bajas como consecuencia de que el ahorro acumulado para este fin ha sido insuficiente, al punto de que en la actualidad se está legislando precisamente con el propósito de revertir esta situación, permitir que los trabajadores puedan retirar parte de sus fondos previsionales para satisfacer necesidades de corto plazo -urgentes, qué duda cabe- constituye un contrasentido. Y más aún si la propuesta del gobierno permite alcanzar el mismo objetivo con un menor costo para los trabajadores, materia en la que hay un virtual consenso entre especialistas de distintas sensibilidades políticas, como pocas veces se ha visto en la discusión legislativa de proyectos de ley. Pero ello no fue suficiente para revertir esta mala idea. Cabe esperar que en la votación que tendrá lugar en el Senado la discusión vuelva a su cauce más lógico.

Pero tan grave como el efecto directo que la medida que se discute pueda tener en las pensiones de los trabajadores y en las finanzas públicas -entre muchas otras variables económicas que se verían afectadas-, un daño colateral importante que deja este episodio es una trizadura en las confianzas políticas mínimas requeridas para construir un marco que otorgue estabilidad al proceso de reactivación económica. El acuerdo político suscrito el mes pasado entre el gobierno y los tres principales partidos de la oposición, del cual surgió la idea de conformar un fondo de US$ 12 mil millones para abordar la emergencia y para impulsar la reactivación económica, tuvo por objeto precisamente delinear ese marco de referencia. Lamentablemente, la iniciativa del retiro de los fondos previsionales, con todas sus implicancias, en los hechos rompe el espíritu del acuerdo previamente suscrito, abriendo así una nueva fuente de incertidumbre. El desafío de la reactivación económica que se enfrenta -única fuente estable de generación de nuevos puestos de trabajo y de recursos fiscales para atender a quienes más lo necesiten- es de enormes proporciones, y un marco de referencia que establezca ciertos límites básicos al cual todos se comprometen, es lo mínimo requerido para echar a andar nuevamente el aparato productivo. Aún es tiempo de recapacitar.

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