Esta semana, la reforma tributaria -uno de los proyectos emblemáticos del gobierno- dio un paso muy importante. Su aprobación en la Cámara de Diputados, además de constituir una luz de esperanza en la búsqueda de sensatez en la discusión de políticas públicas, ha provocado un hecho político de especial relevancia, al reposicionar a la Democracia Cristiana (DC) en un rol preponderante dentro de la escena política.

El proyecto está lejos de ser perfecto. No incorporó, por ejemplo, la promesa de rebajar el impuesto de primera categoría contenida en el programa de gobierno, y para aprobar la reintegración -elemento que en la discusión se volvió el eje central del proyecto- el Ejecutivo tuvo que ceder elementos que no estaban presentes en el diseño original. Entre ellos, un nuevo impuesto a la inversión, que nació como una forma de incentivar la llegada de capitales a las regiones, pero que su diseño progresivo lo fue diluyendo hasta crear más bien un nuevo gravamen justo al componente de la demanda interna, que era necesario revitalizar.

Sin embargo, el balance de lo sucedido con este proyecto es positivo, en particular al considerar la dificultad que tenía la actual administración para avanzar en proyectos pro mercado debido al enrarecido clima que se vive el Congreso. En medio de toda esa estridencia ideológica y comunicacional, resulta especialmente valorable el rol que está jugando la DC, pues fue capaz de sentarse a dialogar, establecer sus exigencias y, al conseguirlas, sumarse a la aprobación del proyecto. Pese a lo cuestionable que terminaron siendo varios de los aspectos que el gobierno cedió para sumar a dicha colectividad, la renovada vocación de centro y el enfoque constructivo que exhibe el partido de oposición lo distancia del progresismo de izquierda, cuya pulsión obstruccionista impide cualquier avance regulatorio que mejore el clima económico.

La directiva DC y los parlamentarios que decidieron seguirla -cabe esperar que en el Senado se produzca igual actitud- optaron por restarse del clima populista que impera en la discusión pública y apostar, en cambio, por el futuro del país, aunque su decisión implicara altos costos políticos, incluso en sus propias filas. La decisión de apoyar la reforma del gobierno puso por delante el interés de todos los chilenos, antes que el rédito político de corto plazo, mostrando una actitud republicana que escasea en los partidos opositores.

En contraste, el resto del bloque opositor ha caído en acusaciones exageradas a sus exsocios o en caricaturas carentes de todo sustento técnico -como que esta reforma beneficia solo a los "ricos"-, olvidando que el esquema tributario debe, además de asegurar la recaudación fiscal, crear condiciones para que la economía chilena mantenga su competitividad y sea elegible para inversionistas locales e internacionales. Cabe recordar que es la actividad privada la responsable de financiar los recursos fiscales que exigen las crecientes demandas sociales, y el rol del Estado es garantizar un gasto eficiente y focalizado.