La violación de derechos humanos ha reaparecido de la peor manera en estos días, de la mano de declaraciones en 2016 del ahora ministro de Cultura sobre el Museo de la Memoria y de la acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema por fallos que alivianan penas a presos en Punta Peuco.

Lo del ministro no tiene arreglo. Su presencia en el gabinete se transforma en un lastre mucho mayor que el ministro Varela. Si se siente comprometido con la causa de su gobierno, debería tomar él la iniciativa de renunciar. Es peligroso nombrar en gabinetes a escritores de libros, columnas u otros; y si lo hacen, la pesquisa sobre sus dichos debe ser particularmente acuciosa.

Sin embargo, el otro hecho me preocupa aún más. No puedo evitarlo. Tampoco me gustó el fallo, pero la acusación constitucional al Poder Judicial que ha motivado a miembros del Poder Legislativo me revivió el fantasma del acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, declarando la inconstitucionalidad del gobierno del presidente Allende.

Parte de los que aprobaron entonces ese acuerdo no querían el golpe de Estado y después no lo respaldaron. Pero, también esa vez, el camino al infierno se pavimentó con inadvertencias y buenas intenciones. Ese acuerdo fue esgrimido por los golpistas como bendición constitucional a su propósito, que se materializaría menos de un mes después.

Recuerdo los diálogos agitados en los pasillos del Congreso entre diputados de oposición y gobierno de entonces. Yo, diputado, enrostré su voto a Bernardo Leighton, a quien quería y de cuya consecuencia democrática jamás, ni entonces ni después, he dudado. No recuerdo las palabras exactas, pero le dije al "padre Bernardo", como lo apodaban, que la aprobación de ese acuerdo, lo quisieran o no, significaba que un poder del Estado negaba la constitucionalidad en el actuar de otro, otorgando un manto de legalidad a un golpe de Estado cuya fragua era manifiesta. "¡Barbas -me respondió, así me decía, porque la usaba-, siempre tú exagerando las cosas!".

El uso persistente que la dictadura hizo luego de ese acuerdo muestra cuánto le sirvió para justificar su acción armada y la represión desatada después. No era mi temor el exagerado, sino la despreocupación de algunos que lo aprobaban, creyéndolo solo una escaramuza más.

Es cierto, no estamos en agosto de 1973, pero qué quieren, me lo recordó la acusación de ahora, nacida del rechazo al actuar de otro poder del Estado. El debilitamiento de las instituciones afecta a Chile y deja más inermes a quienes no tienen poder. No hay hecho más desestabilizador que un poder del Estado deslegitime las decisiones de otro. Peor aún si el motivo que lo inspira no es más que lograr un momento fugaz de unión, mientras se elude explorar las bases de una concordancia consistente sobre el futuro. Les ruego que mediten bien lo que están haciendo.

Comenta