Hubo un tiempo en que decir la verdad no se consideraba una virtud extraordinaria, sino una simple precondición de respetabilidad para formar parte de la sociedad, y -qué decir- si se trataba de pedir el voto a la ciudadanía.

No es que todo tiempo pasado sea mejor, pero es importante revisar la actual línea de flotación de lo que causa escándalo en cuanto a la mentira, el ocultamiento, la verdad a medias y la tergiversación. Pues, existe una plaga de casos en que la verdad está -de un modo u otro- en la balanza.

Es el caso de todas las opacidades en torno a Diego Pardow y las alzas indebidas del precio de la electricidad en 2024 y 2025, donde todo indica que el ex ministro ocultó errores propios acusando problemas metodológicos no atribuibles a su gestión. Algo que deja lo que realmente pasó en un claroscuro ingenieril en que la ciudadanía ve cómo las autoridades se tiran las responsabilidades como pelota, sin que -por cierto- la energía se concentre en devolver y compensar sus pérdidas.

No es el único caso. En estos días el debate presupuestal también se ha vuelto hermenéutico sobre por qué el Fisco no tiene recursos, al igual que la discusión acerca de las razones por las cuales la construcción y reconstrucción de viviendas no avanza conforme su urgencia. Casos en que la información ha sido reemplazada por un efluvio de justificaciones técnicas de errores que confunden y ocultan responsabilidades.

En tiempo de elecciones, la verdad también anda al debe. Recientemente Harold Mayne-Nicholls confesó que había mentido cuando dijo que había votado No en el plebiscito de 1988, pues le avergonzaba dicho “error”. Tal vez una mentirijilla, si no fuera porque mintió ex profeso en una entrevista pública con Pedro Carcuro.

Y para qué hablar de la ola de negacionismo que busca revisar la interpretación histórica y penal de los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura, cuyo reconocimiento es la base de los últimos 35 años de convivencia.

Todo esto es más grave en tiempo de redes sociales e inteligencia artificial (IA), que hacen que la comunicación sea más barata y que el campo sea fértil para la industria de las fake news, como la que afectó a Evelyn Matthei.

Esto, porque la información se consume a una velocidad indigerible y a nadie le importa mucho la verificación de los datos ni la factibilidad de las propuestas, ni si esto pertenece al reino de lo real o son solo un artilugio de lo verosímil.

Algo que también se produce por el debilitamiento de los mecanismos que arbitraban lo cierto y lo importante, y por el levantamiento de sustitutos que suenan muy progresistas -como son una Ley de Medios y una Comisión contra la Desinformación-, pero que confieren atribuciones inadecuadas para las autoridades, una de las principales fuentes de ataque a la verdad. Algo que equivale a dejar al gato al cuidado de la carnicería.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile.