SEÑOR DIRECTOR:

La exención del pago de contribuciones a la vivienda principal en la propuesta constitucional será parte del debate las próximas semanas.

La medida se implementaría gradualmente desde el 2026 a razón de un 20% anual y no incluiría a los dueños de las propiedades de mayor avalúo fiscal (AF), planteando con ello un interesante desafío argumental para aquellos que continúen afirmando que sería un beneficio para los “ricos y sus mansiones” (más allá de la conveniencia o no de incluirlo en una Carta Magna).

El electorado, principalmente el de clase media dueño de su hogar, escuchará atento las razones por las cuales las contribuciones serían justas a pesar de mantenerse indiferentes a los cambios en los ingresos de la gente (en caso de mora el Fisco ordena rematar), contraviniendo el principio de equidad tributaria que garantiza un trato idéntico a las personas que se encuentren en la misma situación económica.

Asimismo, la ecuanimidad en la dispar (y misteriosa) relación entre el avalúo y el valor comercial (VC) entre diferentes inmuebles, podrá ser igualmente demostrada por los defensores de la carga tributaria perpetua a la casa propia: por ejemplo en la comuna de Puente Alto, el AF representa el 33% del VC en casas y 12% en departamentos, mientras en Ñuñoa la relación es de 20% y 35% respectivamente según estudios de A&C Consultores, heterogeneidad total.

Mientras, los defensores del nuevo texto, deberán proponernos vías de recaudación alternativas y sostenibles en base a la creación de riqueza para gastos permanentes, como el Fondo Común Municipal.

Demetrio V. Benito O.

Perito tasador