Decisión simbólica



Por Álvaro Pezoa, ingeniero Comercial y doctor en Filosofía

Todavía antes de iniciar constitucionalmente su mandato el gobierno entrante adoptó y comunicó su primera acción legal: el retiro inmediato de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado, que favorece a presos de la asonada delictual denominada eufemísticamente “estallido social”. La decisión corresponde al cumplimiento de una promesa plasmada en el programa de gobierno de Boric que, según expresaron las hoy ministras Siches (Interior) y Ríos (Justicia), buscaría que dicha ley “no sea utilizada para la persecución injusta y desproporcionada”.

Se trata de una medida altamente simbólica, pues representa una clara señal de validación de la violencia como método legítimo de acción política y, de paso, ratifica la simpatía que la izquierda extrema manifestó desde un comienzo con los hechos terroristas y vandálicos del 18 de octubre de 2019 y meses siguientes. Resulta ser una actuación significativa también porque da indicios sobre que, desde un comienzo, la nueva administración hará prevalecer las posiciones de izquierda más radical acogidas en su plan de navegación político. En tal sentido, es un explícito mentis para quienes buscan convencerse -y hacerlo con los demás- de que el Ejecutivo será en la práctica mucho más moderado que lo que ha declarado.

Pero, hay más. En paralelo, se anunció la conformación de una mesa de reparación para las víctimas de derechos humanos, la cual estará a cargo de la subsecretaria de DD.HH., Haydee Oberreuter. Está por verse quiénes serán los damnificados que se espera compensar. ¿Se tratará de los miles de ciudadanos afectados en sus vidas, salud, propiedades y trabajo, como consecuencia de la barbarie desatada desde el 18-O? Lo tendrían largamente merecido. O, por el contrario, como ya ha sido anticipado en múltiples oportunidades durante los dos últimos años por los grupos que hoy rigen los destinos del país, ¿se buscará satisfacer a cientos de miembros de las turbas criminales que reclaman malos tratos o perjuicios al ser repelidos legítimamente por las fuerzas policiales? Salvo algún caso excepcional, esta posible situación constituiría un manifiesto sinsentido. Sin embargo, conociendo la tendenciosa interpretación que la izquierda suele efectuar de la doctrina de los DD.HH., no debería resultar sorprendente, salvo para los “ingenuos” de siempre, que así llegase a ocurrir.

En fin, como todos los chilenos que aman su patria y desean el bien de Chile, el autor de estas líneas desea que al gobierno actual le vaya bien, esto es, que haga una correcta o gran gestión, a pesar de las profundas diferencias que lo separan de Apruebo Dignidad y sus socios. No obstante, el primer movimiento realizado en el tablero político deja poco espacio para la ilusión. Las jugadas de las próximas semanas serán esclarecedoras. Habrá que seguirlas con atención y análisis crítico.

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