SEÑOR DIRECTOR:
Fue publicado el informe de Global Witness “Una Década de Resistencia”, revelando que un total de 200 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en 2021. Cabe destacar que este informe tiene como objetivo hacer un registro de los casos de asesinatos a defensores ambientales que ocurren a nivel mundial, una herramienta necesaria para avanzar en la protección a personas que defienden los derechos humanos.
La situación revelada es preocupante, sobre todo pensando que dentro de los resultados de la investigación, se evidencia que Latinoamérica es nuevamente la región más peligrosa para desempeñarse como defensores, donde más de tres cuartas partes de los ataques ocurrieron en este territorio.
Llevándolo a nuestro país, Chile no es la excepción. Según detalla el informe, hubo un defensor asesinado en nuestro territorio, y es una alerta para quienes tienen la responsabilidad de crear mecanismos de protección a estas personas.
Vimos este año casos alarmantes en nuestro país, donde quemaron autos, casas y amedrentaron a familias de defensores.
Es importante que se tomen medidas eficaces y urgentes para subsanar esta realidad. La implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú se vuelve una necesidad latente en nuestra sociedad. Hoy cobra especial relevancia la promoción y creación de una ley que proteja a defensores, en donde el gobierno de turno, a través de sus carteras de Medio ambiente, Justicia y Relaciones Exteriores tienen un rol protagónico para iniciar este proceso, donde también las organizaciones esperan que sea un proceso bajo los mismos lineamientos de Escazú: participación, información y justicia.
Joaquín Salinas Atenas
Coordinador de Alianzas de Escazú Ahora Chile
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