Que el Gobierno Corporativo es clave para la sustentabilidad de las empresas en el tiempo, no hay duda; y que ello implica incorporar los impactos económicos, sociales y ambientales en las decisiones estratégicas, ya no puede ser parte del diagnóstico. Seguir hablando de ello como una nueva manera de enfrentar la dirección de una organización, es -por decirlo de algún modo- demodé.

Ríos de tinta e innumerables seminarios se han dedicado al tema del Gobierno Corporativo; sin embargo, la teoría -normalmente correcta en estas materias- dista de la praxis o como dice el refrán popular: “Del dicho al hecho hay mucho trecho”.

El objetivo perseguido o la razón de ser de la gobernanza empresarial debería ser el lograr que el desarrollo del negocio se realice en un marco de integridad y ética; y esto va mucho más allá del cumplimiento regulatorio legal y normativo. Siendo el cumplimiento de las leyes, una condición necesaria pero no suficiente para operar en los mercados hoy en día.

Pero cómo se recupera la credibilidad, cómo se aumentan los niveles de confianza institucional y empresarial cuando estos están por los suelos. Afortunadamente, este tema es materia de debate y preocupación permanente, lo que ya en sí mismo representa un avance.

A raíz de lo anterior, en los últimos años hemos sido testigos del florecimiento de la industria de las comunicaciones corporativas, cuyo quehacer está básicamente centrado en presentar a la sociedad la mejor cara de la empresa o en manejar las crisis de imagen institucional que -ocasionalmente- las empresas y sus ejecutivos deben enfrentar y, sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos y recursos aplicados, la imagen empresarial marca bajo en las encuestas.

Se nos olvida que confianza y credibilidad se construyen a partir de experiencias que se repiten de forma consistente y que en tiempos de redes sociales no hay espacio para elaborar una interpretación corporativa.

Por otra parte, el cómo se leen los niveles de incomodidad de la sociedad frente a ciertos temas como pensiones, contaminación, etc., es hoy una tarea insoslayable.

El estallido social de octubre de 2019 y la posterior sorpresa del mundo político, intelectual y empresarial evidenció que esta es una tarea pendiente o, por decir poco, muy mal hecha.

Las estrategias empresariales de hoy -como una manera de ponerse al día con los tiempos- están orientadas a los stakeholders. Nos dicen que la empresa debe tener un rol social, el que debe ir más allá que la tarea de maximizar la rentabilidad para el accionista; en clara contraposición a Friedman, que plantea que el rol social de la empresa es la maximización de la rentabilidad para el accionista. La carta de los CEO’s americanos de enero 2020 tiende a consolidar este nuevo rol de la empresa, donde ellos se auto asignan esta misión. Los accionistas, por su parte, al menos públicamente, no se han pronunciado.

La rentabilidad, que duda cabe, es una condición necesaria pero no suficiente para la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. La rentabilidad se debe dar en el marco de una relación adecuada con todos los stakeholders, con un diálogo inteligente y transparente que cree satisfacción entre empleados, proveedores, accionistas, clientes, comunidad, gobierno, etc., y donde se produzca un adecuado equilibrio entre intereses que -con frecuencia- son contrapuestos.

El tema a debatir es cómo el Gobierno Corporativo nos asegura que las buenas prácticas identificadas hasta el cansancio, realmente se implementen con efectividad. Y es aquí, en la ejecución, donde la ecuación tiende a fallar. Veamos un ejemplo: el compliance officer, posición creada hace 20 años en USA en el sector financiero, es una buena práctica que se ha extendido a diferentes industrias en nuestro país. Sin embargo, su implementación no ha evitado los abusos y escándalos empresariales. El problema es que no basta tenerlo, tiene que estar empoderado. No es suficiente que exista, tiene que saber del negocio, reportar a un comité de directores y tener la estatura necesaria para ser una contraparte efectiva de la administración; para asegurar que el actuar de la empresa sea la correcta. Entendiendo que cumplir con la regulación vigente y la ley, hoy en día, está bien abajo en la escala de exigencias de una sociedad civil organizada e hiperconectada, y que demanda transparencia total en el actuar de las instituciones.

No es lo mismo hacer negocios a puerta cerrada que en la plaza pública.

-El autor es socio fundador de Abako Partners