A poco más de tres años de gobierno, la gestión migratoria de la administración de Gabriel Boric presenta un panorama de claroscuros que merece una evaluación equilibrada. Si bien se han concretado avances institucionales importantes, persisten desafíos estructurales que ponen a prueba la coherencia entre un discurso progresista y la implementación efectiva de las políticas migratorias.

En primer lugar, cabe destacar que el gobierno ha logrado consolidar una institucionalidad migratoria heredada, destacando la implementación de la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME), que promueve una migración ordenada, segura y regular. Este instrumento, elaborado con una amplia participación ciudadana, representa un marco normativo coherente que Chile necesitaba desde hace años.

Además, la iniciativa gubernamental de empadronar biométricamente a cerca de 182.000 inmigrantes durante 2023 constituye una medida que busca levantar información necesaria para el diseño e implementación de la política migratoria y avanzar en formalizar la situación de miles de familias. Si bien esta iniciativa responde a la necesidad de integrar a personas que ya forman parte del tejido social chileno, el empadronamiento debe acompañarse de un plan de integración que incluya inserción laboral, el reconocimiento de competencias y una distribución territorial equilibrada. Sin estos componentes, esta iniciativa podría generar nuevas tensiones sociales. Por otra parte, si bien es necesario regularizar a quienes demuestren arraigo en el país, es importante tomar precauciones para evitar que este tipo de medidas incentiven nuevos desplazamientos irregulares.

En la dimensión legislativa, los avances muestran el enfoque reactivo que ha asumido el gobierno ante presiones políticas y mediáticas. El proyecto de ley migratoria en discusión en el Congreso ejemplifica esta tendencia: responde más a las demandas de la oposición que a una visión estratégica de largo plazo. El foco no puede estar solamente en los mecanismos de ingreso y expulsión, elementos necesarios e importantes, sino también debe avanzar en proponer formas y medios para avanzar en una mayor integración económica y social de la población migrante. Si se quiere avanzar en la integración de la población migrante como motor de desarrollo se deben combinar ambas dimensiones mediante la formulación de políticas públicas y proyectos de ley con fundamentos técnicos sólidos, basados en la evidencia disponible y con objetivos claros.

Los retos son múltiples. Por un lado, Chile enfrenta desafíos que trascienden la gestión de un solo gobierno, pero también una paradoja conceptual: el debate se centra en evitar una migración que ya ocurrió. A esto se suma una institucionalidad que aún no tiene la capacidad suficiente para procesar regularizaciones masivas, integrar laboralmente a la población migrante ni coordinar políticas entre niveles de gobierno. Por otro, existe la necesidad de evitar nuevos flujos irregulares, considerando que es una situación que sigue sucediendo y que detrás de esas entradas irregulares se encuentran redes de crimen y tráfico internacional con una amplia presencia en zonas fronterizas.

Frente a este escenario, el gobierno tiene la oportunidad de consolidar un legado migratorio transformador, pero para ello se requiere un cambio de paradigma. Primero, debe acelerar la implementación operativa de la PNME, traduciendo el marco normativo en acciones concretas con recursos adecuados. Segundo, es clave desarrollar y fortalecer los sistemas de información interinstitucional que permitan monitorear flujos migratorios, levantar datos en tiempo real y evaluar las políticas implementadas en base a la evidencia.

La gestión migratoria del gobierno de Gabriel Boric ha mostrado voluntad política para abordar un tema complejo, pero necesita mayor coherencia entre el discurso y la acción y una redefinición estratégica de prioridades. La integración, concepto central y complejo de esa gestión, es quizás la dimensión que sugiere los mayores desafíos futuros. El éxito no se medirá solo por cifras de regularizaciones o expulsiones, sino por la capacidad de construir un modelo migratorio sostenible, que respete derechos y que prepare al país para una realidad multicultural que ya no es una posibilidad futura, sino una realidad presente. Las decisiones de los próximos meses serán determinantes para el futuro de la política migratoria y la cohesión y convivencia dentro de nuestro país.

Por Olaya Grau, directora del Centro de Políticas Migratorias y académica UC, y Diego Chaparro, investigador del Centro de Políticas Migratorias