Chile enfrenta la oportunidad de superar el letargo económico que ha limitado su desarrollo. Según el Banco Mundial, la demanda de minerales críticos se proyecta duplicar de aquí al 2040, lo que requerirá inversiones masivas para desarrollar nuevos yacimientos e infraestructura de procesamiento y extender la vida útil de los ya existentes. Nuestro país, rico en minerales, debe integrarse a esta economía del futuro, incluyendo el ámbito energético, donde la transición hacia las energías renovables ya es una realidad consolidada. Para capitalizar esta oportunidad y retomar la senda del crecimiento, es esencial fomentar un entorno proinversión, proporcionando certezas a los inversionistas y agilizando el sistema de permisos ambientales para hacerlo más eficiente y menos costoso.

En este contexto, celebro el lanzamiento del plan de modernización del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Estas innovaciones no solo aceleran la tramitación de proyectos, sino que reducen plazos de calificación, allanando el camino para inversiones que respeten los estándares ambientales. Entre las medidas destacadas figuran la automatización de procesos manuales en el manejo de observaciones ciudadanas; la implementación de buscadores impulsados por IA; la optimización de formularios para el ingreso de proyectos, facilitando su presentación; una reformulación integral de las consultas de pertinencia; y una mejora sustantiva en el análisis geoespacial. Estas herramientas no son meras actualizaciones técnicas; representan un paso audaz hacia una administración ambiental eficiente y transparente.

Igualmente, aplaudo el rol protagónico de Sofofa, ya que el gremio industrial que representa al sector privado ha promovido instancias de colaboración público-privada, invitando al SEA y sus principales funcionarios a diálogos abiertos para recabar opiniones y refinar estas herramientas. Ello ejemplifica el espíritu de sinergia que Chile necesita. Esta alianza demuestra que el progreso no surge del aislamiento, sino de la convergencia de visiones, donde el Estado y el empresariado se unen para forjar un futuro próspero y administrar los recursos en aras del bien común.

La evidencia, pública y transparente, avala estos avances: este año podría aprobarse la mayor cifra de inversión en la historia de la evaluación ambiental, ascendiendo a US$40.000 millones en proyectos que incorporan medidas robustas para mitigar impactos ambientales. Es un hito que subraya el potencial de un sistema modernizado para catalizar el crecimiento.

Sin embargo, el desafío persiste. La tramitación de permisos sectoriales, que sigue a la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), continúa siendo un cuello de botella. Para superarlo, es esencial que la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales se haga con voluntad, responsabilidad y de manera ágil, respetando los plazos y tomando en cuenta la opinión del sector privado para la creación de los reglamentos que supone su ejecución. Además, si bien este plan de modernización del SEIA resulta valioso, es insuficiente por sí solo; urge impulsar una reforma legislativa integral a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente N° 19.300, con el objetivo de reposicionar la evaluación ambiental como un proceso que agregue valor genuino a los proyectos de inversión, en lugar de constituir meramente un costo administrativo. Ello demanda una mayor coherencia regulatoria, que elimine redundancias y contradicciones, así como el fortalecimiento de capacidades técnicas en las instituciones involucradas, asegurando así un marco que fomente la innovación sostenible y el dinamismo económico.

Chile está en el umbral de un renacer. Con iniciativas como las del SEA y la colaboración de Sofofa, podemos transformar obstáculos en oportunidades. Es hora de actuar con visión estratégica: solo así saldremos del letargo y construiremos un país más próspero y sostenible.

*La autora de la columna es abogada