En su carta del 13 de octubre pasado, publicada en El Mercurio, la senadora Kaiser afirma que la exigencia de dolo directo elimina las externalidades negativas del proyecto de denuncias falsas que yo había identificado en una misiva anterior. Estas son básicamente dos: la criminalización de hipótesis compatibles con la buena fe y la disuasión de las denuncias verdaderas. Si bien celebro que coincidamos en la necesidad de tomarse en serio esas externalidades, no creo que pueda darse por sentado –como lo hace la senadora– que la nueva versión del proyecto las elimina de raíz. La evidencia social disponible pone paños fríos a tal optimismo.

En la lotería de la credibilidad, a las víctimas de VIF y delitos sexuales les ha tocado la peor parte. Numerosos estudios muestran que son tratadas como sospechosas de denunciar falsamente, incluso antes de abrirse una investigación (lo cual afecta también su calidad). Su credibilidad está fuertemente condicionada no solo por lo que hacen o dejan de hacer, sino por los sesgos del intérprete. Hay estudios que muestran que la percepción de prevalencia de denuncias falsas sobre violencia sexual es más alta (y vivida como amenazante) entre hombres que entre mujeres; y que es alimentada por ciertos contextos. La narrativa mediática atiza el pánico moral y contribuye a la sobreestimación del fenómeno.

Los juicios de familia (uno de los supuestos regulados por el proyecto), especialmente si sus intervinientes no calzan con perfiles ideales, también son un fermento. En efecto, los relatos y comportamientos de quienes no esconden su (a menudo, legítimo) resentimiento; que en contextos no familiares serían fiables o diligentes (por ejemplo, alertarse frente a ciertas manifestaciones físicas de afecto de un adulto respecto de un niño/a, o frente a cambios repentinos de conducta) caen bajo la sospecha de ánimo ganancial o vengativo. Pero, descalificar una denuncia de VIF o delitos sexuales, hecha tras una separación –aun cuando las hostilidades parentales se hayan declarado– puede traer serios problemas. Un informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra mujeres y niñas (2023) muestra que el estereotipo de la madre “alienante” se ha vuelto una defensa recurrente y eficaz frente a denuncias de abusos sexuales.

En suma, la frontera entre dolo y error en estos casos parece depender menos de la disposición psicológica (la malicia) de quien levanta una acusación no corroborada que de la valoración subjetiva que terceros hacen de sus móviles. Por ende, es muy discutible que exista un estándar objetivo a este respecto.

Mientras eso no cambie y no se disponga de un diseño institucional idóneo para acometer tan difícil tarea –el proyecto prevé un procedimiento exprés para comprobar el dolo– el riesgo de enjuiciar a víctimas genuinas y generar un efecto disuasorio o paralizador (chilling effect) es significativo. La pregunta no es si deben reducirse (cualquiera sea su tasa) las denuncias falsas; sino si el alto precio a pagar por hacerlo así, vía intervención penal, está justificado.

Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público, Universidad Austral de Chile