Democratizar el acceso a internet y el financiamiento de nuevos negocios



Chile, igual que todo el mundo, está viviendo una pandemia que ha generado una crisis profunda y diversa. Ésta, a su vez, desencadenó nuevas reglas y hábitos impactando fuertemente en nuestra economía y sus empresas, sin tener claro todavía cuándo se volverá a lo que antes conocíamos como normalidad. Muchos opinan que el mundo no volverá a ser lo que era antes del coronavirus. Pero aún con el futuro incierto, ya podemos ver cambios en nuestra forma de vivir. Por una parte, la digitalización ha tomado un rol fundamental en el desarrollo de las personas y sus habilidades y, por el otro, se ha demostrado la capacidad y creatividad en la búsqueda de innovadoras soluciones. Me gustaría reforzar con algunos datos estos dos temas.

El primer tema es sobre el acceso a internet. En tiempos de cuarentena, la desigualdad de acceso se hace muy presente en aspectos como el teletrabajo, la educación, el comercio y también el ocio. El internet es una herramienta que se ha transformado en una necesidad básica para todas las familias, y las personas que no tienen acceso a él, están en una posición de desventaja. Hace años, la Organización de las Naciones Unidas declaró el acceso a internet como un derecho humano, con lo que anima a todos los países a entregarles a sus ciudadanos acceso a la red y condena a las naciones que alteran esta libertad.

Según las últimas estadísticas publicadas por la OCDE sobre acceso a la red global a internet, la cual incluye banda ancha fija y móvil, Chile se ubica sobre el promedio con un 87,5%. Eso sí, el mismo informe publicado habla de desigualdad del servicio por encima del promedio. Entre las recomendaciones para Chile está mejorar el despliegue de infraestructura (redes de fibra óptica y antenas), así como formar un ente público-privado con visión de largo plazo, para impulsar una agenda digital y políticas para mejorar las normas del servicio.

Por lo anterior, con el objetivo de disminuir la brecha de desigualdad digital, hace poco en la sala del Senado se respaldó, por unanimidad, la idea de legislar el proyecto que reconoce el acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones. Al entender internet como un servicio básico, así como la energía eléctrica o el agua potable, éste se encontraría sujeto a regulaciones del tipo de una concesión y su servicio, por lo que los proveedores deben garantizar una prestación continua y de calidad. En esa línea, el Estado debe promover políticas públicas que aseguren esa disponibilidad a zonas desconectadas, acercándolas al mundo con un click digital. Para ello, ya se asignó el proyecto Fibra Óptica Nacional (FON), que va a permitir conectar 186 comunas que hoy no tienen internet de calidad o alta velocidad, y que va a beneficiar a más de 2 millones de personas. Otro avance, en línea con disponibilizar tecnologías que aporten en la diminución de la brecha digital, sería agilizar la llegada del 5G, tecnología que permitirá tener mejores conexiones móviles y mayor participación de regiones y zonas aisladas.

A nivel internacional, los países con mejor conectividad son países que lideran, según el informe del World Economic Forum, el índice de movilidad social, el cual contempla, entre otros, el acceso a la tecnología.

El segundo tema es el financiamiento de nuevos negocios, especialmente emprendimientos e innovación. En esa línea, la noticia de que las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP) pueden entregar nuevas alternativas de inversión en activos nacionales de pequeñas y medianas empresas, es un paso muy importante en la democratización de capital, y para apoyar la creación de negocios innovadores en tiempos de cambio. Además, esto permitirá aumentar la diversificación de los recursos previsionales de los trabajadores y generar mejores condiciones para la capacidad de acumular ahorros en el largo plazo.

En estos días se están buscando muchas soluciones ante la nueva y cambiante necesidad de hacer empresa y negocios. Los modelos de todas las empresas se han tenido que adaptar y son miles las personas que están dando un giro para poder sobrevivir. Parte de estos cambios ha sido con las mismas AFP, ahora con permiso de invertir en pymes. Así, estamos a un paso de poder usar esos recursos en la industria del capital de riesgo o venture capital, que tanta falta hace en Chile.

Para que estos fondos puedan ser administrados eficientemente, se deben crear fondos de capital de riesgo, de tamaño grande y administrados profesionalmente, para que también los family offices se incentiven a invertir en ellos. El objetivo final sería armar un fondo matriz que se haga cargo de varios fondos de pensiones, nacionales o internacionales, que inviertan en Chile. Tenemos que impulsar este ecosistema, donde fondos públicos y privados estén convergiendo para potenciar la economía local, con innovación y emprendimiento, así como usando la inteligencia colaborativa para poder competir en los mercados del mundo.

Hoy, necesitamos estar más unidos que nunca como país, impulsando coordinadamente desde lo público y lo privado a emprendimientos y la creación de empresas innovadoras, para así fomentar el desarrollo de un Chile más moderno e inclusivo.

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