Desde 2007, cuando Daniel Ortega llegó por segunda vez al poder en Nicaragua, inició un sostenido proceso de copamiento de los espacios de poder que lo llevó tanto a soslayar la Constitución para asegurarse su reelección como a designar a incondicionales en las principales instituciones del país. Una estrategia con la que ha minado la distribución de poderes indispensable en todo sistema democrático. Además, sus hijos controlan los principales canales de televisión del país y la estratégica industria de hidrocarburos. Su esposa, en tanto, es una figura clave en la toma de decisiones. Todo ello se ha venido produciendo ante la mirada de una comunidad regional que ha sido incapaz de tomar medidas para contener la consolidación de una autocracia en Nicaragua, pese a las dramáticas experiencias vividas en otros países de la región.

El último episodio de este sostenido proceso de descomposición de la democracia nicaragüense se produjo en las últimas semanas con una ola de detenciones de figuras políticas, entre ellas cuatro aspirantes presidenciales y la creciente presión contra empresarios, a los que se les impidió salir del país. Incluso fueron arrestados dos representantes históricos del sandinismo y ex aliados del propio Ortega durante la primera etapa de ese movimiento. Todo ello sustentado en una serie de leyes y reformas constitucionales aprobadas con el apoyo de la mayoría oficialista con que cuenta en el Congreso. Entre ellas, la llamada ley de defensa de derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz que faculta al gobierno a sancionar a quienes considera “golpistas” o acusa de apoyar las sanciones y la presión internacional.

Desde la violenta represión de 2018 que dejó más de 300 muertos y llevó, según diversos organismos internacionales de derechos humanos, a más de 100 mil personas a escapar del país, el gobierno nicaragüense no solo no ha cambiado su estrategia, sino que la ha endurecido, pese a las gestiones de la OEA. El organismo había fijado mayo como fecha límite para que el país impulsara una reforma electoral que diera garantías a todos los sectores de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo, sin embargo, nada de eso sucedió. La actual situación da, por ello, argumentos suficientes para aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática de la OEA, que establece que cuando se “constate una ruptura del orden democrático en un estado miembro y las gestiones diplomáticas han sido infructuosas” se suspenderá a ese Estado.

El organismo regional cuenta con las herramientas necesarias para responder ante la grave crisis que vive la democracia nicaragüense y así lo ha planteado el actual secretario general del organismo, quien pidió la aplicación de la Carta Democrática. No hacerlo y quedarse en meras declaraciones generales de condena solo debilitará aún más su posición. El drama venezolano es la prueba de los dramáticos efectos para la democracia que causa dilatar una respuesta decidida.