“Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida. Después veremos cómo ordenar la economía”, decía en marzo pasado el Presidente de Argentina, Alberto Fernández. A siete meses de esas declaraciones el desafío sobre “cómo ordenar la economía” se ha vuelto cada vez más urgente en ese país. Si bien en un primer momento la dura estrategia transandina fue alabada por lograr contener las cifras de contagios, tras cumplir más de siete meses de cuarentena Argentina no solo no ha logrado frenar la expansión del virus, sino que se ubica en el séptimo lugar entre las naciones con mayor número de contagios y es la decimotercera con mayor cantidad de muertes por millón de habitante. Una estrategia que de paso agravó el panorama económico que enfrenta el país -en recesión desde 2018-, afectando severamente su actividad económica. Para este año, el FMI pronostica una caída del PIB de 11,3% y el Banco Mundial, de 12,3%.

En agosto pasado, el Presidente argentino logró anotarse un importante triunfo al lograr renegociar la deuda con los bonistas privados, que representan el 20% de deuda pública total del país, que asciende a US$ 320 mil millones. Pese a que aún faltaba iniciar un proceso similar con el FMI -el cual en marzo pasado indicó que el endeudamiento transandino no era sustentable si no se reducía entre US$ 50 mil y US$ 80 mil millones, cosa que aún está lejos de lograrse-, Fernández aseguró entonces que el acuerdo con los bonistas “despejaba el horizonte” y ofrecía “un mejor escenario” para los inversionistas. Sin embargo, en los hechos nada de eso ha sucedido. El riesgo país ha venido subiendo sostenidamente desde agosto y en septiembre se conoció una inédita caída de 19% del PIB, que supera incluso el desplome de 2002, cuando se contrajo un 16,2%.

Con una economía virtualmente paralizada desde marzo, una deuda pública cercana al 90% de PIB, una creciente merma en las reservas del Banco Central y gastos por más de US$ 20 mil millones en medidas para contrarrestar los efectos de la pandemia, el panorama económico de Argentina se oscurece cada día más, desplomando la confianza de los inversionistas. Hasta ahora el gobierno ha intentado contener la escasez de divisas estableciendo restricciones a la compra de dólares y limitando las salidas de divisas a través del mercado de capitales. Un camino que, sin embargo, lejos de crear “un mejor escenario” ha debilitado aún más la confianza en el gobierno. A ello se suma que el historial de incumplimientos en el pago de las deudas y la fragilidad económica del país hacen aún más difícil para el gobierno poder tener acceso a nuevos créditos que ayuden a sortear al menos temporalmente las actuales dificultades.

Frente a ese panorama, y pese a que el Mandatario ha descartado una devaluación -asegurando que es “una máquina de generar pobreza”-, existe consenso entre los analistas que dicha alternativa parece inevitable. Sin embargo, para hacer frente a una economía estancada, con creciente desempleo y una severa amenaza, las soluciones deben ir más allá. La expresidenta Cristina Fernández pidió el lunes un acuerdo amplio para enfrentar la crisis, pero ello requiere medidas de austeridad y de restricción de gastos que implicarían un alto costo político.