En su primera semana el Presidente de la República suscribió el llamado Tratado de Escazú, enviando el proyecto al Congreso para su ratificación. Escazú compromete a los países firmantes a definir normas que aseguren la información y la participación ciudadana y un marco legal que garantice soluciones justas en los conflictos ambientales, junto a la protección a personas y organismos dedicados a la promoción de derechos humanos vinculados al tema ambiental.
En contraste, mientras el Senado ha retrasado ostensiblemente las discusiones para ratificar el tratado comercial con países que representan la cuarta parte del PIB y la población mundial, conocido como TPP-11, el Gobierno no ha manifestado preocupación al respecto. Desde la izquierda que hoy gobierna el país -que en su momento propuso la revisión de todos los tratados comerciales suscritos previamente por Chile- se ha acusado al TPP-11 de ser un instrumento de compañías transnacionales para consolidar un sistema “extractivista”, falto de innovación y depredador de los recursos naturales. El TPP-11, según sus detractores, impediría desarrollar políticas públicas soberanamente, debilitaría regulaciones ambientales y laborales, e incluso encarecería los medicamentos.
Siendo lo expresado por el Gobierno en estas materias consistente con sus orientaciones programáticas originales, no cabe desconocer sus costos. En relación con el TPP-11, y a pesar de que el anterior gobierno desvirtuara con sólidos antecedentes las críticas de sus detractores, el país está de hecho suspendiendo la actualización de sus reglas en un área tan estratégica como es su relación económica con el mundo. Mientras tanto, países comercialmente competitivos con Chile y que sí han suscrito el TPP-11 -que contempla tratamiento arancelario preferencial entre los miembros del bloque- están aumentando sus exportaciones entre sí.
En el caso de Escazú, si bien puede servir como acicate en materias ambientales, no debería tener en nuestro país un impacto real significativo. En Chile ya existe una institucionalidad bastante avanzada para identificar efectos ambientales, explicitar discrepancias y resolver conflictos ambientales. Con su adhesión, sin embargo, el Ejecutivo obvió las consideraciones por las que el anterior gobierno no quiso suscribirlo, como son sus cláusulas que obligan a los firmantes a prestar especial consideración a los países “en desarrollo sin litoral”, comprometiéndolos a diálogos, talleres, asistencia técnica, provisión de materiales de educación, etc., y cuando la falla en cumplir estos compromisos puede llevar a que otro país en el tratado lleve su demanda a la Corte Internacional de Justicia.
Con todo, y dado que el gobierno ha justificado Escazú no solo porque Chile fue unos de los países que impulsó el acuerdo desde su origen, sino por las ventajas que traería para la protección del medio ambiente, cabría esperar la misma coherencia respecto del TPP-11 y que el Gobierno promueva su aprobación, puesto que Chile también estuvo entre los países que lo impulsó, y ello mejoraría las ventajas comerciales.
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.