La indignante agresión de la que fue objeto la ministra Lincolao representa un nuevo paso en una espiral que ha crecido sin ningún control en varias universidades. Se trata de la intolerancia, en todas sus formas. Ya era motivo de preocupación la extendida práctica de la funa, que no es otra cosa que una forma de inhibir la libertad de expresión a través de su ejercicio abusivo. Su medida de éxito es la imagen de la persona cancelada retirándose en silencio de un lugar originalmente destinado a que expusiera sus ideas, en medio de una horda. Esta práctica ha sido objeto de una perfecta ambigüedad por parte de muchas autoridades universitarias y académicos, quienes con débiles acciones la han condenado y con grandes omisiones la han permitido. Así, en los hechos, la funa ha sido normalizada al punto que, quienes las permiten, probablemente la consideran como un tipo de manifestación pacífica, pese a su abierta contradicción con la misión de cualquier universidad.

La raíz del problema -por lo menos de los que una universidad puede gestionar- está en la incapacidad de resolver el dilema de la tolerancia. Las universidades promueven y practican el diálogo. Esto incluye argumentar y escuchar, pero es lo segundo donde radica el mayor valor porque es lo más difícil, lo que exige real tolerancia. En otras palabras, la argumentación es el derecho y la escucha el deber de quien quiere dialogar. Los estudiantes radicalizados ejercen su derecho, pero omiten su deber. Ante esto, quien representa a una universidad se siente, en buena hora, inclinado a dar el ejemplo y escuchar incluso a quien no está cumpliendo su parte de este trato tácito. Los radicalizados normalmente no entran en razón y ahí parte la trampa: la autoridad universitaria no sabe cómo exigir al estudiante que cumpla su deber sin privarlo de su derecho a expresar su opinión o a protestar. Siente que debe tolerar la intolerancia. Pero esto no es cierto.

La tolerancia, como virtud tímida, suele requerir que otras virtudes acudan en su defensa cuando es vulnerada. Como el cirujano que corta con el bisturí el cuerpo del enfermo para sanarlo, una autoridad universitaria debe entender cuándo el diálogo degenera y la tolerancia se transforma en un premio para el radical y un castigo para el resto de la comunidad universitaria o sus invitados que, en ese contexto, no pueden expresarse.

Lo que hizo el grupo de estudiantes que agredió a la ministra fue probar nuevos límites. Su actuación permite concluir que el objetivo no era el propio de la funa, el abandono silencioso, sino el amedrentamiento a través del encierro y la violencia, lo que es más grave aún. Pero esto sucede porque a los estudiantes radicalizados se le permitió entender la funa como un derecho. Liberar a las universidades de la violencia ideológica parte por entender que sancionar la funa no es un atentado contra la tolerancia ni un fracaso del diálogo, sino una forma de preservarlos.

Por Rafael Sousa, Socio en ICC Crisis, Profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP