El reciente informe del INE, que sitúa la tasa de desocupación en un 9,1% —y un preocupante 10,5% en mujeres—, nos obliga a mirar la realidad de las familias en regiones como el Maule, O’Higgins o Ñuble. En este escenario, el debate sobre cómo implementar la reducción de jornada a 40 horas deja de ser un tecnicismo y se convierte en una discusión urgente sobre empleos reales.

Desde la agroindustria apoyamos con total convicción este avance para el bienestar familiar y compartimos el objetivo de que los trabajadores descansen mejor. Sin embargo, el desafío no es la voluntad de contratar más personas para cubrir las nuevas horas libres; el problema es que la agroindustria depende de ciclos biológicos que no se pueden programar en turnos de oficina. No es un rubro donde basten más contrataciones para resolver el problema, sino de un sector estacional donde una aplicación rígida de la ley arriesga volver inviables los empleos que ya existen.

El desafío está en avanzar hacia el destino sin tropezar con la realidad de sectores que no funcionan de manera lineal. La agroindustria genera alrededor de 295 mil empleos directos e indirectos, concentrados en las regiones con mayor vulnerabilidad laboral. En muchas comunas, una planta es el empleador formal más importante, el que contrata mujeres, temporeros y familias enteras.

El problema es que esas temporadas no se pueden mover en el calendario: la fruta madura cuando madura y las líneas de proceso no pueden parar tres días porque llegó el peak de cosecha. No es una cuestión de voluntad empresarial; es biología y logística. Aplicar la reducción de jornada con la misma fórmula que a una oficina urbana puede significar, lisa y llanamente, que parte de esa producción deje de ser rentable y con ella, parte de esos empleos.

Chile exporta más de 24 mil millones de dólares en alimentos al año, y la agroindustria aporta cerca de 3.400 millones. Son divisas que sostienen regiones enteras. Si los números dejan de cerrar, las primeras en resentirlo son las comunas más alejadas, hoy sobrerrepresentadas en el desempleo.

Por eso, cuando pedimos flexibilidad, no buscamos retroceder en derechos ni que se trabaje más por menos dinero, sino diseñar mecanismos para que este avance sea compatible con actividades que no operan igual todo el año. Flexibilidad significa reconocer diferencias productivas y habilitar soluciones específicas, reguladas y fiscalizables. Mecanismos como el promedio de jornada en ciclos estacionales o bancos de horas ya se usan en Alemania, Francia y Portugal para equilibrar bienestar y continuidad productiva.

Con un 9,1% de desocupación, Chile no puede darse el lujo de implementar buenas ideas de mala manera. La verdadera modernización laboral consiste en construir reglas capaces de adaptarse a una economía diversa. Proteger la calidad de vida de las personas también implica proteger sus empleos y sostener la actividad regional.

Por Juan Manuel Mira, Presidente de Chilealimentos