El Estado debe ser el corazón de las políticas públicas

Por Humberto Verdejo Fredes, académico Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Usach

Desde el primer semestre del año 2020, varios expertos del sector eléctrico advertimos que la Ley 21.185 no cumpliría el objetivo diseñado por la autoridad de la época. El motivo principal era que el diseño de dicho mecanismo se basaba directamente en la estabilidad del dólar. A las pocas semanas de la promulgación de dicha Ley, el valor del dólar se disparó y nunca más volvió a lo supuesto en el diseño del PEC 1 (Ley 21.185).

Por otro lado, en la discusión parlamentaria del año 2019, se solicitó al Estado asumir un rol principal en el diseño de la solución para evitar las alzas de tarifas eléctricas. Se propuso la implementación de subsidios o algún otro mecanismo que pusiera recursos directos del Estado para resolver el problema en ese momento. El resultado final fue dilatar el problema y entregar toda la responsabilidad de financiar la solución a los propios usuarios.

Casi tres años después de lo anterior, y después de afrontar una pandemia global, el razonamiento de la nueva autoridad sigue siendo el mismo: no existe aporte del Estado, la solución vuelve a depender del tipo de cambio y nuevamente las y los usuarios deben asumir las consecuencias de un mal diseño de política pública.

La solución del gobierno propone estabilizar las tarifas hasta el año 2032, considerando que siempre irán al alza y no habrá reducción por los próximos 10 años. Lo anterior, requiere de financiamiento definido en el “Fondo de Estabilización” y que implica recursos que son aportados directamente por los usuarios. Sin embargo, la creación de dicho fondo fue rechazado en la primera etapa de discusión parlamentaria y la estabilización no tendría financiamiento.

Por otro lado, no resulta razonable explicar a la ciudadanía por qué el Estado si financia US$1.500 millones para evitar la subida abrupta de los combustibles (que se agotarán en 7 meses), dejando fuera la posibilidad de financiar US$1.350 millones que deben ser devueltos a las empresas de generación en los próximos cinco años. Las escalas de tiempo de financiamiento son brutalmente distintas para montos similares.

En un escenario tan complejo, me atrevo a solicitar directamente a las autoridades de gobierno que no vuelvan a dilatar la solución y a entregar la responsabilidad de financiar la política pública a las familias chilenas. El servicio público de electricidad debiese recibir el mismo trato que las soluciones implementadas para financiar la estabilización de precios de los combustibles.