El futuro de la centroderecha tras el plebiscito

Uno de los hechos singulares del reciente plebiscito es que la centroderecha fue dividida entre la opción Apruebo y Rechazo, y tras verificarse el abrumador triunfo en favor de cambiar la actual Constitución, ha surgido la interrogante de cómo se rearticulará el sector y si acaso será capaz de presentar una visión común de cara al proceso constitucional que ahora se ha abierto.

Es un hecho que quienes votaron por el Apruebo tenían el convencimiento de que el país necesitaba abrirse a cambios mucho más profundos, y quienes estuvieron por el Rechazo recelaban del proceso -probablemente también sobre la extensión de los cambios requeridos- y habrían preferido que las reformas se hicieran por los caminos establecidos en la actual Constitución. Ambas convicciones desde luego son legítimas, pero ahora resta por saber si podrán converger en un proyecto constitucional común, y además ser capaces de dar gobernabilidad a lo que resta de esta administración, que atraviesa por un manifiesto momento de debilidad política.

Un proyecto compartido requiere más que “mínimos comunes”; ante todo, se trata de convicciones que sean defendidas y que permitan dar coherencia a un proyecto político. Es posible que para el caso de la centroderecha las visiones ideológicas no sean tan distantes como en el caso del mundo de la izquierda, lo que en principio podría facilitar alcanzar acuerdos, pero eso todavía no está garantizado, tal como se ha podido apreciar a lo largo de esta semana, donde se han visto señales contradictorias.

Desde luego los dirigentes del sector habían manifestado que, apenas terminado el plebiscito, vendría el tiempo de la unidad y el trabajo mancomunado. Los hechos, sin embargo, no parecen jugar enteramente en favor de esa idea, trasluciendo diferencias y extravíos complejos. Llamó la atención, por ejemplo, que una parte de la bancada de diputados de Renovación Nacional pusiera en duda su apoyo al ministro del Interior, quien la próxima semana enfrentará una acusación constitucional impulsada por la oposición. Si bien la bancada logró finalmente alinearse, algunas de sus figuras mostraron distancia debido a que en su estrategia jurídica ante la Cámara el ministro del Interior esgrimió en su favor que el control de las fuerzas policiales en un estado de emergencia está bajo dependencia del Ministerio de Defensa, cuyo titular es una las principales figuras de RN. En un momento como éste, y cuando el gobierno ha sido objeto de múltiples acusaciones constitucionales, sorprende que algunos parlamentarios oficialistas en algún momento dieran más crédito a los argumentos jurídicos de la defensa que a las implicancias políticas de votar en contra de su propio gobierno.

Tampoco han sido fáciles las negociaciones con el sector que representa el Partido Republicano -el ala más conservadora de la centroderecha- en aras de lograr una lista común de constituyentes. Pese al ánimo de algunos por tender puentes, también se han escuchado algunas voces muy descalificatorias, que desestiman cualquier posibilidad de acuerdo, por el hecho de que dicha colectividad no forma parte de Chile Vamos. Sin perjuicio que estas rencillas se puedan dar dentro del marco de una negociación política, es evidente que para la centroderecha resulta crítico poder presentarse con una lista unitaria, lo que requiere una buena dosis de generosidad.

Pero lo que probablemente ha sido más desconcertante es la disposición de buena parte de los parlamentarios oficialistas por cuadrarse nuevamente con la reforma que busca un segundo retiro de fondos previsionales, arriesgando con repetir el bochorno en que quedó el gobierno la vez anterior, cuando quedó prácticamente abandonado en su postura de no dar curso a dicha reforma. Esta vez la propuesta en discusión es aún más compleja, porque incluso conlleva el retiro de fondos desde las compañías de seguros. Es notorio cómo aquí está prevaleciendo un ánimo populista y muy contrario a las convicciones que la centroderecha tradicionalmente ha defendido, lo que inevitablemente lleva a preguntarse hasta dónde habrá disposición para defender en la constituyente aquellos principios que más se identifican con el sector.