SEÑOR DIRECTOR:

Van 163 días del actual gobierno del Presidente Boric y, lamentablemente, sigue con la ambigüedad, ideología e ineficacia con la que partió el 11 de marzo frente a la principal amenaza que tiene el país: la delincuencia, terrorismo, narcotráfico y crimen organizado.

Es paradójico que el gobierno reconozca por primera vez la existencia de grupos de crimen organizado, y sabiendo ello, le haya dado cuatro urgencias legislativas al proyecto de indulto, cuando el foco debería estar en dar celeridad al que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado o a la ley corta Antiterrorista, que no han tenido urgencia alguna.

Las señales también son importantes a la hora de gobernar. Mientras los asesinos del matrimonio Luchsinger-Mackay han tenido beneficios de libertad, Llaitul sigue llamando a la resistencia armada e incluso reconoce el robo de madera para financiar sus fusiles de guerra, y no le pasa nada. No solo es un deber condenar sus dichos, sino que hay que impulsar todas las acciones penales que correspondan y dejar de otorgar beneficios a quienes no cumplen con los requisitos.

En esta línea, la ministra de Justicia debe dar explicaciones y asumir las responsabilidades luego que, a través de Gendarmería, no solo optaran por darle recientemente beneficios a tres condenados por graves delitos en la Macrozona Sur, presionando a través de huelgas de hambre, amenazas y atentados por partes de las orgánicas afines, sino que también firmaran un acta de acuerdo con la persona que lo lideró y que forma parte de organizaciones radicales de la Temucuicui. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando otro grupo de presión de condenados se tome la cárcel? El gobierno debe poner el foco en las víctimas, no en los delincuentes.

Mientras todo esto ocurre, entre marzo a julio los robos con violencia crecieron un 80% y las denuncias por encerronas/portonazos subieron de 3.376 en el primer semestre de 2021 a 7.429 en el mismo periodo de 2022. Para salir del paso, la ministra Siches anunció un Plan de Seguridad que tiene como presupuesto basal el texto de la nueva Constitución. El mismo que eliminó el estado de emergencia y rechazó la Defensoría de las Víctimas de Delitos. ¿Tiene sentido que un delincuente tenga derecho a un abogado pagado por todos con nuestros impuestos y la víctima no? Una buena señal sería impulsar un proyecto en ese sentido e incluirlo.

Con toda claridad este gobierno debe dejar su ambigüedad y asumir la prioridad de todos los chilenos y chilenas como su primera prioridad con convicción, coraje y eficacia.

Andrés Longton

Jefe de Bancada de Renovación Nacional