Por Daniela Benavente, economista

Es evidente que las dos políticas privilegiadas en pandemia para el ingreso de las familias, los retiros de las AFP y el Ingreso Familiar de Emergencia, han sido alivios de corto plazo con efectos perversos: crisis de pensiones, cesantía y precariedad cuando repunte la fuerza laboral, sobreconsumo a costa de la inversión productiva, inflación, caída del tipo de cambio, aumento de la tasa de interés, sobreendeudamiento estatal. El panorama para 2022 es gris.

En este contexto son pocos los economistas que siguen apoyando la renta básica universal (tipo IFE); por el contrario, ha cobrado fuerza la idea de establecer un impuesto negativo (Felipe Balmaceda, Claudio Sapelli, Claudio Agostini, José de Gregorio, Juan Sutil, Ignacio Briones y Felipe Kast).

Me quiero sumar a ese coro desde la izquierda, agregando cuatro medidas que me parecen condiciones tanto necesarias como suficientes al éxito de un impuesto negativo.

Primero, que todas las ayudas estatales al ingreso de las familias vayan a una cuenta social individual y sean imponibles en el impuesto a la renta, sin excepciones. El objetivo es doble: por una parte transparentar, por contribuyente, los múltiples bonos en una cuenta única de acceso tanto de Tesorería como del Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio de Desarrollo Social. Por otra, permitir que el Estado recupere parte de la ayuda, en el porcentaje correspondiente al tramo imponible de cada contribuyente.

Segundo, universalizar todas las ayudas a cargas, cuidadores y tercera edad. La pandemia visibilizó una serie de riesgos de vulnerabilidad no cubiertos hoy en Chile. Para hacerles frente es necesario apuntar a asignaciones universales pero focalizadas con una lógica de ciclo de vida. Se puede empezar por un monto fijo mensual por hijo menor de edad/estudiante con un adicional por carga con discapacidad física y/o mental o en condición de orfandad; subsidio a (o para contratación de) cuidadores de personas dependientes; y pensiones de invalidez y vejez.

Tercero, las ayudas universales implican más gasto público pero menos y mejor Estado. La ayuda propuesta no sustituye a la red de protección derivada de cotizaciones laborales (Fonasa, AFP, SIS, cesantía), la complementa. Tampoco compromete los servicios de apoyo especializado (sicológico, social, sanitario, vivienda, etc.). Pero sí implica fusionar oficinas redundantes y desmantelar una batería de bonos condicionados de retorno social neto negativo puesto que invariablemente conducen a las trampas del bienestar (informalidad “para no perder los beneficios”) y de la pobreza (opción por subsistir con bonos “suficientes” como el IFE ampliado).

Cuarto, recuperar el gasto estatal en pensiones de vejez (y la exención del pago de contribuciones a adultos mayores) en caso de herencia. Esta medida existe en Francia para pensionados con patrimonios sobre los EUR 39.000 ($36 millones). Los adultos mayores suelen tener más patrimonio que ingresos, y a pesar de ello a menudo sufren el abandono de sus herederos. A falta de un sistema financiero sofisticado que fomente la venta de nuda propiedad o las rentas vitalicias, es factible financiar la universalización de la pensión básica por esta vía.

Quinto, recalibrar el impuesto a la renta, incluyendo un par de tramos de impuesto negativo, decrecientes con la renta. Las medidas 1 a 4 afectan la base imponible, el impuesto a la renta, en cambio, opera como un corrector redistributivo final. En concreto, el impuesto negativo implica transferencias estatales mensuales a adultos con rentas líquidas (ingresos laborales, rentas y ayudas estatales) bajo un umbral de dignidad (por ejemplo $500 mil), con una renta básica universal que puede ser, por ejemplo, la línea de la pobreza ($177.000). El Ingreso Mínimo Garantizado es un tipo de impuesto negativo, pero solo considera los ingresos laborales: podría mantenerse en un comienzo como un incentivo adicional a la formalización laboral, pero en ese caso el IMG sería parte de la base imponible.

Con el estallido y la pandemia ha quedado claro que una comunidad es tan fuerte como el más débil de sus miembros, las cinco medidas establecen una red de protección social moderna en tres pilares, contribuciones, impuestos y transferencias, que permitirían a Chile superar la inequidad crónica.