El inestable escenario argentino

“Estamos viviendo el peor momento de la pandemia, es el momento de más riesgo”, aseguró la ministra de Salud de Argentina la semana pasada, el mismo día en que los casos rozaron los 30 mil y hubo más de 300 muertos. Y razones tenía para afirmarlo. Los contagios diarios se triplicaron en abril y el sistema de salud, como la propia ministra lo precisó, se encuentra al borde de colapsar. Pero a ello su suma otro elemento que la secretaria de Estado no mencionó y que agrava aún más el panorama en el país vecino: los cada vez más escasos recursos con que cuenta el gobierno para hacer frente a la emergencia. Con un proceso de inmunización que avanza lento debido a las fallas en las gestiones para adquirir las vacunas, el único camino para contener efectivamente la expansión del virus sería volver a una estricta cuarenta como la aplicada el año pasado. Sin embargo, el actual escenario económico y social del país hace virtualmente inviable ese camino.

Si bien el Presidente transandino anunció hace dos semanas el endurecimiento de algunas medidas, como la aplicación de una restricción de circular entre las 20 horas y las 6 AM, la prohibición de todas las actividades recreativas, deportivas y religiosas en lugares cerrados y el cierre de las escuelas, mantuvo abiertos comercios y empresas, consciente de que un lockdown como el de 2020 es hoy difícil de concretar. No solo se enfrenta a una población agotada, como lo evidencia el conflicto por el cierre de las escuelas, que movilizó a miles de apoderados en la ciudad de Buenos Aires, sino también a un panorama fiscal que impide responder adecuadamente a restricciones similares a las del año pasado con un paquete de ayuda fiscal equivalente. En esa ocasión, a la cuarentena total se respondió con un plan de asistencia que alcanzaba al 6% del PIB. Hoy no hay margen para ello.

Con una deuda pública que bordea el 90% del PIB y más de 335 mil millones de dólares en deuda externa, el gobierno argentino debe hacer frente en los próximos meses a una serie de vencimientos, tanto con el FMI como por deudas en pesos, que le dan escaso margen de maniobra para obtener más recursos para ir en ayuda de la población. Más aún con una economía en recesión desde 2018 y que el año pasado cayó casi un 10%. Si bien una eventual negociación con el FMI permitiría postergar los próximos vencimientos y aliviar en algo la carga, no sucede lo mismo con la deuda en pesos, que llega al 24% del PIB, donde cualquier negociación se ve hoy difícil. Y sin recursos para hacer frente a esas obligaciones, el gobierno podría terminar recurriendo a la emisión monetaria, lo que solo redundaría en un aumento de la inflación y el consecuente agravamiento de los ya comprometidos equilibrios macroeconómicos trasandinos.

Un panorama aún más preocupante si se considera que la actual emergencia sanitaria está lejos de superarse, lo que aleja cualquier perspectiva de recuperación y deja al gobierno atrapado entre su severa estrechez fiscal y una población agotada, con poca tolerancia a nuevas restricciones de movilidad.