El maltrato del Estado



Por César Barros, economista

Estando por primera vez en Noruega -viaje presidencial con Michelle Bachelet- pregunté, de curioso, cómo en Noruega, con un Estado tan grande y extenso, se manejaban con la corrupción, tan presente en las burocracias de estos barrios. Me miraron como si viniera de otro planeta: por esos lados era impensable. Un fraude al Estado sería la muerte empresarial, política y familiar del transgresor. Conversando con más gente, uno puede apreciar no el cariño, pero sí el respeto al Estado de Bienestar de los noruegos: buena salud pública, buena educación, excelentes sistemas de transporte público. El Estado no desconfía de sus ciudadanos, y estos respetan al Estado, no lo engañan ni le roban.

Noruega es un país chico en población: como Santiago. Algo más de cinco millones de habitantes, fuerza laboral de 2,7 millones. Sus principales industrias y exportaciones son petróleo, gas, madera, papel, generación hidroeléctrica, pesca y minería: una matriz exportadora no tan diferente de la chilena. El sector público emplea al 10% de la fuerza laboral, mientras que a educación y salud destinan el 20% de su gasto público. Tienen pocas leyes, pero esas pocas se cumplen.

Qué diferencia con Chile, donde los ciudadanos no quieren ni respetan al Estado. Burlarlo es casi un deporte nacional, que va desde los impuestos, las luces rojas, los toque de queda y las cuarentenas. Apenas se puede, se abandona la salud y la educación pública. Y donde se puede se le hace el quite al Fisco y sus funcionarios. Y no sin razón. La educación pública es deficiente. La salud pública también. El Transantiago, un chiste.

Para colmo, el 72% de los programas sociales del gobierno no fue bien calificado. Un gran número de ellos no cumplieron con los criterios básicos con que se los mide: focalización y cobertura. Los programas deficientes abarcan la linda suma de US$ 8.650 millones. Si esos miles de millones se repartieran directo al bolsillo, como el 10% de las AFP, el efecto sería sin duda más beneficioso que entregarlo a través de una burocracia espesa. Como el Estado desconfía de sus ciudadanos, les pide tal cantidad de papeles, permisos e inscripciones, que poco les llega a quienes lo necesitan. Es un odio y desconfianza compartida: del Estado al ciudadano, y del ciudadano al Estado.

Los que pagan impuestos adivinan que buena parte se destinará a malos servicios públicos y a una burocracia desatada. Y los ciudadanos se vengan haciéndole el quite a Impuestos Internos, a los carabineros y al Poder Judicial. Así se entiende que 438 mil ciudadanos tomaran el bono clase media sin merecerlo. Y el chileno califica aún con más desprecio a parlamentarios y ministros: es cosa de mirar las encuestas.

Lo malo es que ninguno de los poderes del Estado parece darse cuenta de su grave situación, que ahora último se muestra en la destrucción de bienes públicos, en violencia armada sin pudor en poblaciones colonizadas por los narcos y en el sur por terroristas armados, ante la indefensión total del resto de los chilenos. Los políticos, en vez de ir a la raíz del problema, siguen creando nuevos ministerios y nuevas leyes, como si fueran una pomada mágica contra el mal servicio del Estado a los ciudadanos.

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