Los políticos, que a veces hacen gala de un humor más sutil que el habitual, responden al lugar común que dice que el ejercicio del poder desgasta con la afirmación que la carencia de éste desgasta aún más.

La anécdota puede resumir las últimas semanas de nuestra política. El poder desgasta porque al gobierno se le suelen atribuir todos los problemas que sufre la ciudadanía. Si el precio del petróleo sube 50% luego que a Donald Trump se le ocurrió bombardear a Irán afectando el tránsito por el Estrecho de Ormuz (donde pasa un 20% del suministro mundial), una oposición populista no tardará en culpar al gobierno.

Ello especialmente si Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, decide traspasar esa alza al precio que pagan los consumidores. El alegato del ministro que el costo fiscal de no traspasarla sería de 160 millones de dólares a la semana, cantidad considerable para Chile especialmente en el contexto de estrechez fiscal que nos heredó el gobierno anterior, no será escuchado por los automovilistas que no tendrán perjuicios inmediatos por el déficit fiscal y sí con un alza brusca del precio de la bencina.

Así fue como la popularidad del gobierno cayó abruptamente, 20 puntos, desde 60 a 40%. A nadie le gusta que le suban los precios de un producto tan incidente en el presupuesto familiar como la bencina en una magnitud de 50%. En la búsqueda de culpables el gobierno está en primer lugar.

Para mal de Mario Marcel, en un debate realizado la semana pasada en la FEN de la Universidad de Chile otro ex ministro de Hacienda de su sensibilidad política, Rodrigo Valdés, actuando como vocero del FMI, señaló que el organismo internacional recomienda ante el alza de los precios del petróleo que los países la traspasen de inmediato a los consumidores para evitar males mayores. Exactamente lo que habíamos argumentado otros economistas respaldando a Quiroz cuando tomó esa decisión, ante la incertidumbre acerca del tiempo que permanecería alto el precio del petróleo.

Ahora, la parte en que la carencia del poder desgasta aún más. La tramitación de la ley de Reconstrucción con suma urgencia llevó al diputado Araya a amenazar con presentar 2.500 indicaciones para bloquear la discusión de la ley en un “tsunami” de indicaciones. La dupla de ministros Alvarado-García respondió con un rompeolas para prevenir el desastre y a las 1.613 indicaciones presentadas (récord) respondió con una indicación sustitutiva que dejó fuera de discusión cerca de 1.200. Flexibilizando el crédito al empleo con foco en mujeres y jóvenes y aceptando el rechazo a la eliminación de la franquicia Sence y los cambios a la propiedad intelectual, se logró que la Comisión de Hacienda, presidida por el republicano Agustín Romero, aprobara el proyecto con mínimas variaciones. Así la Cámara lo alcanzaría a tramitar totalmente la próxima semana: el poder.

Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo