Quienes son dueños de la verdad, portadores de mensajes morales que solo ellos creen conocer y poder difundir, ya juzgaron. Poco importa el veredicto absolutorio del caso SQM, ni el fundamento de la sentencia que se conocerá recién en diez meses. Ningún argumento puede torcer un fervor punitivo que no admite réplica. Ni antes ni después de las doce. En el altar de estos críticos, lisa y llanamente no caben terrenales razones jurídicas como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, la ausencia de dolo directo propio de los delitos tributarios -algo que la Corte Suprema ya había advertido en el año 2017 para ahorrar este bochorno-, o la sobreabundancia, confusión, impertinencia e incluso, ilicitud de pruebas.

El derecho y sus principios deben ceder ante el clamor popular. La masa ruge como en tiempos del Coliseo Romano y creen que eso basta para que la balanza de la justicia se incline. Allí radica el verdadero valor del veredicto del caso SQM. La mayoría de las juezas no cedió a la tentación de renunciar al derecho y no les tembló la mano ni la voz para reivindicar su vigencia. En un estado social y democrático de derecho como el nuestro ello por sí solo debiera ser motivo de aplauso.

Sin embargo, críticos parciales en destempladas entrevistas y redes sociales, no en las aulas académicas, privilegian el “conocimiento” popular y la sesgada indignación, privilegian la consigna y no la ley. En este caso vociferantes, en otros casos como las agónicas investigaciones de Procultura, de Clínica Sierra Bella, o de la fallida compra de Isabel Allende, sospechosamente silenciosos. El doble rasero es también consustancial a quienes hoy reclaman.

En medio de todo ello, lo prudente es extraer lecciones, en especial cuando la reforma procesal penal ya cumple 25 años. Así, la figura del querellante particular ha hecho crisis permitiendo a actores con intereses políticos o comunicacionales -parlamentarios o dudosas ONG- infiltrarse en la investigación, filtrar información y modelar la opinión pública. Tampoco se justifica la coexistencia de múltiples querellantes institucionales -Ministerio Público, CDE, SII- en un mismo proceso. Como advirtió el ministro Carlos Cerda, ello configura un “Estado tricéfalo” que distorsiona la igualdad de armas y multiplica las pruebas hasta la confusión. Los tribunales tampoco son ajenos al problema pues deben dirigir los juicios con rigor, evitando audiencias interminables y pruebas redundantes.

En “El proceso”, Kafka escribió: “La sentencia no llega de golpe, el procedimiento se transforma poco a poco en sentencia”. Tal vez esa frase encierre la esencia del actual desamparo frente al poder y la opinión pública. Tal vez su eco resuene en nuestro debate público, donde las sentencias morales anteceden a las judiciales. En tiempos de ruido, defender el debido proceso es también un acto de coraje.

Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal, Facultad de Derecho, U. de Chile